Monotributista: ¿ser o no ser?

Los monotributistas argentinos no operan en Wall Street, pero tienen sus problemas. Oficialmente se llaman pequeños contribuyentes de un régimen simplificado, pero todo el mundo los conoce como monotributistas. Este régimen se implementó en 1998 y pareció ser una buena idea para simplificar y facilitar el pago de impuestos y aportes jubilatorios a contribuyentes de poca envergadura. Pero, por estos lares, lo simple casi siempre se termina complicando.

En aquel momento se categorizaron en base a determinados parámetros. Niveles de facturación, superficie del negocio y energía eléctrica consumida anualmente, formaron parte de una ecuación que el propio contribuyente debía resolver para categorizarse y determinar la cuota mensual que le correspondería abonar. Periódicamente el mismo contribuyente debe re-calcular sus parámetros y, de corresponder, cambiar su categoría pasando a una de menor nivel (si facturó menos o bajó alguno de los otros parámetros) o a una de mayor nivel (si facturó más, o aumentó alguno de los otros parámetros). Y aquí se presenta uno de los principales problemas: los parámetros no han sido actualizados en sus valores desde que se sancionó la ley en 1998. Ello a pesar de que el costo de las cuotas, sí fue aumentado varias veces y está a punto de serlo nuevamente.

El principal parámetro desactualizado es el de facturación anual. Innecesario es explicar que quien, por ejemplo, facturaba X pesos anuales en 1998, muy probablemente (si subsiste en su actividad) deberá estar facturando X más algo más, sin que ello signifique que esa persona halla pasado a ser un contribuyente de mayor envergadura.

Al no modificarse los parámetros de facturación, quienes superan las categorías máximas, ($72.000 anuales para servicios y $144.000 para comercio e industria) deberían abandonar el régimen e inscribirse en el impuesto a las ganancias, facturar con IVA y pagar autónomos.

¿Y cuál es el problema? El principal problema es que necesariamente en algún momento del futuro, la realidad llegará a la mente de quienes tienen que decidir en el tema y actualizarán como corresponde los parámetros de categorización. Pero para ese entonces los contribuyentes que hayan abandonado el régimen no podrán volver a él, o les significará un tedioso trámite pues quien se inscribe en IVA, no puede renunciar por tres años y tampoco es tan fácil darse de baja en el impuesto a las ganancias y la jubilación autónoma, con el consiguiente trastorno administrativo de pasar a tener las mismas exigencias y proporcionalmente los mismos costos, que contribuyentes de real magnitud. Simplemente por esa costumbre de complicar lo sencillo postergando decisiones, como pasó recientemente con los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. Ver http://www.monotributo.org.ar/

¿Y si probamos sin Superpoderes?

Desde que a Cavallo se le ocurrió que el gobierno de De la Rúa sería más fuerte si tenía Superpoderes (y el Congreso se los concedió) muy bien no nos ha ido. No nos salvamos de ninguno de los males que se abatieron por estas tierras y existe la clara sensación de que las únicas bondades que el destino nos deparó, provinieron más que nada de la iniciativa y sacrificio de los propios ciudadanos.

El término “Superpoderes” puede resultar simpático. Remite a los superhéroes de la infancia. Ellos sí que sabían utilizarlos para proteger el Bien y combatir el Mal. El hombre Araña, Batman, Flash, Acquaman, y por supuesto el más grande de todos: Surperman.

Pero en política, al menos por estos lares, de poco han servido para mejorar la vida de las personas. Es más, ni siquiera parecen tener efectividad para el propio poder ejecutivo quien recientemente ha visto cómo, el intento “superpoderoso” de imponer mediante una simple resolución un aumento de impuestos sobre determinadas exportaciones, derivó en un largo conflicto que la sabia intervención del Congreso pudo resolver. Ni siquiera le ha servido para eliminar, o por lo menos atenuar  para este ejercicio fiscal, una vulgar tablita de impuestos. Y hasta la controvertida decisión de pagar la deuda con el Club de París es, cada día, más evidente que requiere de una ley. Tampoco ha resultado muy útil para impulsar firmemente el esclarecimiento de irregularidades que plantearon los sonados casos “Skanka” y “Valijagate”, ni para demostrar mayor eficiencia en medidas que tiendan a resolver  las condiciones de inseguridad que aquejan al país.

Ahora el Congreso tiene la oportunidad de poner las cosas en su lugar y terminar con un elemento extraño a la democracia, que ostensiblemente debilita las instituciones como son los poderes extraordinarios concedidos al Ejecutivo y demostrar  que es el único superpoderoso, porque tiene las potestades que la Constitución y el Pueblo le han otorgado. Para ello bastaría que esas potestades, que están dispersas en cada legislador, se concentren y tengan la vocación necesaria para preguntarse concienzudamente: ¿Y si probamos sin Superpoderes?

El odioso impuesto al cheque

El impuesto que el Gobierno cobra a los usuarios de cuentas corrientes bancarias, precisamente por “usarlas”, es uno de los peajes más prósperoS de todos los que se aplican en la actualidad. No es invento argentino: En Brasil ha sido muy utilizado afectando incluso a las cajas de ahorro y las colocaciones en plazo fijos, pero recientemente el Congreso le negó al Poder Ejecutivo su prórroga.

En junio pasado el gobierno de Venezuela anunció la eliminación de un gravamen parecido. Ecuador lo puso y lo sacó al poco tiempo. En la Argentina el impuesto vigente nació en el 2001, por inspiración del  ministro Cavallo. Desde entonces su recaudación creció a ritmo frenético  y hoy llega a bordear anualmente  dos puntos del PBI: La mitad de lo que se recauda por todo el comercio exterior (exportación + importación). Acumuló entre 2001 y 2007 casi sesenta mil millones de pesos y funciona tan bien, que al mes de agosto del corriente año, llevaba recaudado un poco menos de trece mil millones y alcanzará los veinte mil millones en todo el 2008.

El mote de de “odioso”  se justifica por dos razones. Una de ellas es su falta de equidad y su alto costo. Lamentablemente la facilidad de su cobro y las urgencias financieras del Estado hacen muy difícil pensar en su eliminación a corto plazo. Pero otra razón de su escasa “popularidad” es que su co-participación federal está totalmente distorsionada a favor del poder central. En virtud de acuerdos oportunamente firmados, las provincias resignaron los porcentajes que por ley les corresponderían y hoy en día el reparto es aproximadamente así: Nación 85%, Provincias: 15%. Esto quiere decir que, solamente computando lo recaudado en lo que va del año, las provincias dejaron de percibir alrededor de 5.000 millones de pesos.

Teniendo en cuenta las dificultades financieras por las que atraviesan las provincias argentinas, que las ha obligado a crear nuevos tributos o elevar los existentes con real perjuicio para sus contribuyentes, superadas viejas situaciones de emergencia y antes de entrar en nuevas ¿No sería oportuno revisar la coparticipación del impuesto al cheque para hacerla un poco más federal? Por supuesto, el gravamen no sería por eso menos “odioso”, pero, probablemente se comenzaría a mejorar el monto de transferencias automáticas de fondos. Y este no es un tema menor si se recuerda que el reparto de la torta tributaria total ha pasado a ser de “mitad y mitad” de los primeros años de la tan invocada década del setenta, a un “tres cuartos y un cuarto” de los años actuales, en perjuicio obviamente, no de los gobiernos provinciales, sino de los contribuyentes provinciales.