Impuestos: Improvisando en la cubierta del Titanic

Retenciones fijas. Retenciones móviles. Tablita sí. Tablita no. Lo subo. Lo bajo. Lo pongo. Lo saco. AFJP sí. AFJP no. Ayer cultura tributaria. Hoy blanqueo.

Improvisado, incoherente y altamente regresivo, el sistema tributario argentino continuó este año con sus características distintivas.

Nuestros impuestos vienen siendo criticados por contribuyentes y especialistas desde hace años. Muchos políticos -en épocas de campaña- recogen esos reproches y prometen correcciones. Sin embargo, una vez alcanzado el poder, esos propósitos se desvanecen.

Por ejemplo, durante todo el primer gobierno del actual mandatario, no se registraron significativas modificaciones respecto de la estructura tributaria heredada. Entre 2003 y 2007, básicamente nada cambió, ni nada se propuso cambiar. El IVA siguió afectando en mayor proporción el ingreso de los que menos tienen. El impuesto a las ganancias siguió sin alcanzar la mayoría de las rentas financieras. Las empresas (sobre todo las extranjeras) siguieron pagando –y transfiriendo- dividendos libres de impuestos. Los combustibles líquidos siguieron costando casi la mitad de su precio en impuestos. Hasta la criticada tablita se mantuvo incólume durante esos seis años. Y el sistema privado de jubilación, también fue mantenido a rajatabla y solo modificado en el 2007, para liberar a quienes desearan migrar al régimen público.

En este primer año del segundo mandato, el viento de los cambios sopló con cierta intensidad, pero difícilmente pueda hablarse de una reforma meditada, coherente o progresista.

El verano de 2008 encontró un millón doscientos mil nuevos aportantes al sistema jubilatorio de reparto. Sin embargo, ante la opción, la amplia mayoría había elegido continuar con el régimen privado. Desconocían que la elección tendría corta vida. En octubre, el mismo gobierno que les había dado la esa alternativa, en un atropellado giro copernicano, eliminaba el sistema y confiscaba las cuentas de capitalización.  Casi en un abrir y cerrar de ojos, este recurso que recauda anualmente miles de millones de pesos, pasó a ser cobrado -y administrado- íntegramente por el estado nacional.

El otoño trajo la Resolución 125 del M.E. Precipitado instrumento, cuyo evidente objetivo era aumentar la recaudación por derechos de exportación. Expectativas -luego frustradas- de precios agrícolas que parecían crecer sin límites, desataron un histérico combate entre gobierno y productores por el reparto de la hipotética superutilidad. La desgraciada norma tuvo de todo: Improvisación. Falsos argumentos. Falta de oportunidad y sucesivas  correcciones. Y hasta un proyecto de ley con voto-no-positivo. Para muchos, su fracaso debilitó el ya cuestionado andamiaje jurídico sobre el que se asientan las retenciones.

En primavera se reestrenó la comedia de los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias para salarios y otros ingresos del trabajo. Ya había habido una primer versión en 2006 y otra en 2007. Es evidente que si a comienzos de cada año se negocian aumentos salariales, la “no actualización” de los montos deducibles, más la “no derogación” de la tablita que los disminuye, provocará injustas retenciones por impuesto a las ganancias durante gran parte del ejercicio fiscal. Tras prolongados tironeos, recién sobre fin de año se anunciaron -con gran pompa- las elementales correcciones que deberían haber sido hechas mucho antes. Sin embargo, continúa el criterio de no ajustar automáticamente por inflación los montos deducibles, como manda la propia ley, y se persiste en hacerle pagar impuesto a rubros salariales alejados del concepto de “ganancia” o “renta”. Por su parte, la denostada tablita parece ser mala, recién para el 2009. Su eliminación retrotraerá situaciones, sin corregir inequidades, por lo que queda pendiente la revisión integral de los impuestos que gravan salarios y otros ingresos del trabajo. Incluido el desnaturalizado régimen de Monotributo.

Para completar el cuadro de atolondrada improvisación, casi sobre fin año apareció súbitamente en escena el proyecto de ley de Blanqueo. Un clásico de nuestra legislación que se suponía definitivamente desterrado, por ser contradictorio con los esfuerzos por una  nueva cultura tributaria. Finalmente, el incoherente premio a los evasores fue aprobado con dudosa legalidad y justificado en una ilusoria repatriación de fondos, en el preciso momento en que una generalizada desconfianza institucional y económica induce a lo contrario, lo que ha dado motivo para sospechar otras motivaciones.

Se mantiene entonces por acción u omisión, una legislación tributaria improvisada, emparchada, fuertemente regresiva y con escasos visos de equidad fiscal, donde, LOS QUE PAGAN, son mayoritariamente las familias a través de sus consumos, los trabajadores empleados y autónomos a través de sus ingresos, las medianas empresas a través de sus ganancias y los productores primarios de bienes exportables a través de disminuciones -retenciones- del precio pleno de sus productos de exportación, mientras que, los que menos pagan, además de los evasores y aquellos que logran eludir los tributos, son los contribuyentes del Impuesto a los bienes personales; los que cobran dividendos, los rentistas e inversores financieros y aquellos grandes contribuyentes del impuesto a las ganancias que a pesar de estar alcanzados por el impuesto en cabeza propia, por las características del mercado y su condición de formadores de precios, están en condiciones de  trasladar la carga tributaria sobre proveedores, clientes, usuarios, locatarios y otros.

Cultura tributaria: ¿Say no more?

La AFIP se pasó más de diez años impulsando programas de cultura tributaria y cumplimiento voluntario y de repente viene un blanqueo, arrasa con todo y premia a los evasores, dando lugar a una contra-cultura que costará mucho esfuerzo revertir.

La ley es justificada en virtud de supuestas inversiones que harán capitales ocultados al fisco pero ansiosos por “repatriarse” y criticada por la latente posibilidad de que el régimen sancionado sirva para “lavar” fondos del narcotráfico internacional.

Al margen de todo eso, es indudable que uno de los inmediatos efectos que esta norma produce es erosionar el considerable esfuerzo que la AFIP ha venido haciendo, desde hace más de una década, respecto de la concientización ciudadana del voluntario cumplimiento tributario, como parte de los necesarios avances en nuestra menguada cultura de la legalidad.

Durante años, la baja recaudación de impuestos se atribuyó básicamente a dos carencias: una, de índole moral (“a los argentinos no les gusta pagar impuestos”) y otra de índole práctica (“la DGI no es eficiente ni eficaz en su cometido”). A partir de la última década del siglo pasado la vieja Dirección General Impositiva (corporizada hoy en la AFIP) inició un proceso basado tres estrategias: A) Mejorar su desempeño aumentando el riesgo para los evasores B.) Incrementar el costo del incumplimiento mediante mayores sanciones y penalizaciones. C.) Estimular el cumplimiento voluntario, mediante programas de educación y cultura tributaria.

Por supuesto que existen factores que no estimulan el pago de impuestos. Básicamente, el desagrado ciudadano por el bajo nivel de los servicios recibidos o la percepción de indicios de corrupción en la administración pública, pero resolver esto no es resorte del organismo recaudador.

Es reconocido que actualmente se recauda mucho más que en cualquier período de nuestra historia (incluso a valores ajustados por inflación) y más allá de las necesarias correcciones de procedimiento, más allá de la urgente reforma integral de la legislación para hacerla más equitativa, hoy en día la actuación del organismo de nacional de recaudación fiscal, es respetada (y sufrida) por la mayoría de los contribuyentes y sus estrategias, estructura organizacional y herramientas informáticas son modelo para organismos similares.

En cuanto a la concientización ciudadana, el esfuerzo realizado, principalmente mediante campañas escolares en todo el país, queda reflejado en las palabras del ex administrador Alberto Abad, quien en la apertura del Seminario Internacional Sobre Cultura Tributaria, llevando a cabo en nuestro país el año pasado, destacó “las acciones del organismo en 900 escuelas, formando a cerca de 12.000 docentes y con alrededor de 2,8 millones de chicos en contacto con alguna experiencia de educación tributaria”.

Frente al “olvido y perdón” que la norma recientemente sancionada ofrece a los evasores. Frente al compresible desagrado de los contribuyentes cumplidores, Cultura Tributaria: ¿Say no more?

Impuesto a las Ganancias: ¿Y lo que se pagó de más?

Según estimaciones, la decisión de eliminar la tablita Machinea en el cálculo del impuesto a las ganancias, tendrá un costo fiscal anual de 2.500 millones de pesos. Esto da la medida del exceso. Por lo ya pagado, ¿no hay devolución?

En palabras de la Presidenta “hace a la justicia la eliminación total de la tristemente célebre tablita de Machinea”, quien además explicó que la calificaba así porque se trató de una “medida equivocada”.

Las retenciones en exceso, reconocidas ahora por el gobierno con la eliminación de la tabla ideada en diciembre de 1999 y mantenida contra persistentes reclamos durante todos estos años, han producido que aproximadamente 250.000 trabajadores en relación dependencia y autónomos abonaran impuesto a las ganancias en forma “injusta” para decirlo con las palabras oficiales. En base a ambas cifras (lo que se deja de cobrar y la cantidad de afectados), en promedio, podríamos decir que anualmente estos contribuyentes sufrieron una injusta retención del orden de los 10.000 pesos anuales. Algunos más, algunos menos. Algunos con ingresos que apenas superaban los mínimos y otros con altos ingresos.

Si la eliminación recién se aplica a partir del año 2009, tendríamos que a valores actuales el costo acumulado de esta “medida equivocada” aplicada durante los últimos cinco (2004- 2008) años, alcanzaría a los 50.000 pesos per cápita. El precio -también a valores actuales- de un automóvil cero kilómetro de cierta envergadura. No es poca plata. Ni siquiera el cincuenta por ciento es poca plata. Por supuesto se trata de un cálculo grosero realizado al solo efecto de ver la magnitud de lo que estamos hablando.

¿Y lo que se pagó en exceso? ¿No hay devolución?  ¿Ni siquiera una parte, ni siquiera en cómodas cuotas?  Solamente un: ¿Disculpen el error, lo vamos a corregir para más adelante?

Suponga que durante cinco años a usted, que posee un departamento de dos ambientes, le estuvieron cobrando expensas como si tuviera uno de cuatro ambientes, por un error en los porcentuales, por culpa de un administrador anterior. Usted, cada mes se quejaba, pero igual le cobraban de más. Así durante cinco años. Hasta que un día vienen y le dicen: -Póngase contento le bajamos las expensas, se corrigió el error. La pregunta es obvia: ¿Y lo que me estuvieron cobrando de más, quien me lo devuelve?