IAPI: Del modelo 1946 al modelo 2009

EL VIEJO IAPI

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue un ente público argentino bajo la órbita del Banco Central el 28 de mayo de 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con el fin de centralizar el comercio exterior y  transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. El objetivo que guió la creación del organismo fue la necesidad de contar con un ente especializado en cuestiones comerciales y lograr una mejor inserción externa mediante la conquista de nuevos mercados y la consolidación de la presencia argentina en los ya obtenidos. Asimismo, pretendió promocionar la calidad y diversidad de los productos locales y generar estrategias de defensa de los precios de los mismos en el mercado internacional, ante el eventual deterioro de los términos de intercambio, protegiendo a los productores locales frente a los cambios en los precios internacionales y la acción de los monopolios internacionales y de los países importadores de productos argentinos.

El organismo contaba con diversas funciones. En el plano comercial, se encargaba de comprar los cereales, carnes y derivados a los productores, para luego exportarlos. También cumplía funciones financieras, asignando fondos a ciertas reparticiones públicas, gobiernos provinciales e incluso al sector privado para la adquisición de bienes de capital. El IAPI regulaba de hecho el mercado interno en la medida en que sus decisiones afectaban diversos aspectos del sistema económico. Cuando el Instituto compraba productos elaborados que no lograban colocación, establecía el margen de beneficio al sector industrial, creaba comisiones mixtas especiales para resolver la crisis de ciertos sectores productivos, adquiría materia prima para entregarla a los industriales a fin de que la procesaran por cuenta y orden del Instituto, etc. Asimismo, desarrollaba funciones de promoción y fomento en tanto determinaba qué actividades productivas eran prioritarias y, en consecuencia, debían recibir un tratamiento especial como, por ejemplo, el otorgamiento de créditos sin obligación de devolución. Por otra parte, también subsidiaba la producción de ciertos bienes de consumo masivo con el fin de mantener el nivel del salario real.

¿EL NUEVO IAPI?

Se supone que el proyecto en que trabajó en los últimos días el equipo que encabeza Ricardo Echegaray en la AFIP, está redactado en base a proyectos presentados oportunamente por los diputados Cantero Gutiérrez y Macaluse con el fin de crear un nuevo organismo estatal de regulación del mercado agropecuario. El objetivo de esa agencia sería “estabilizar precios, evitar distorsiones en la distribución de la renta entre los distintos sectores de la cadena favoreciendo a los productores y garantizar la seguridad alimentaria para el conjunto de la población”. Concretamente, la idea es regular el mercado. El Estado compraría, a través de esa nueva agencia, una parte importante de la producción, se aseguraría el abastecimiento local a precios razonables y exportaría el resto. Otro objetivo es intentar vender la mayor porción posible de la producción a empresas aceiteras y molineras, para dar mayor valor agregado a las exportaciones argentinas.

Además de intervenir en forma directa en el mercado, el proyecto en el que trabaja el gobierno prevé que la nueva agencia pueda crear una base de datos precisa de stocks de granos y de ganado; realizar un seguimiento pormenorizado de la cadena de comercialización y sancionar las malas prácticas comerciales que derivan en una injusta distribución de la renta agraria al interior del sector. En el proyecto se afirma que la función fundamental sería “garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población argentina en un marco de transparencia comercial”. Este organismo, aún sin nombre, podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”.

Ojalá “nadie” pagara las retenciones

En una reciente disertación, nuestra presidente expresó:”Ojalá todos los argentinos pagaran retenciones, eso significaría que tienen plata y les va bien, ya que este tipo de impuestos no los paga cualquiera, sino el que obtiene una rentabilidad“. Contra- Reflexiones acerca de este error conceptual.

La Presidente se refirió al tributo denominado “retenciones”, a nuestro criterio, en base a gruesos errores conceptuales. Esto no hace más que confirmar que las carencias en cuanto a cultura tributaria son más graves de lo que pensamos. Es que, en el ámbito oficial se ha extendido la idea de que cultura tributaria significa “que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar” olvidando la otra punta del asunto: la obligación moral de los gobernantes de esforzarse en aplicar impuestos justos y equitativos.

¿Cómo tener buenas leyes en materia de impuestos? No es sencillo. Desde el fondo de la historia, Montesquieu nos recuerda lo siguiente: “Nada requiere de tanta sabiduría y de tanta prudencia como el regular la porción que se quita y la  que se deja a los ciudadanos. Las rentas públicas no deben medirse por lo que el pueblo pueda dar, si no por lo que deba dar; y si se mide por lo que puede dar, tiene que ser, al menos, por lo que pueda dar siempre”. (Del espíritu de las Leyes, libro XIII, cap. VIII).

Ya nos hemos extendido en consideraciones sobre las llamadas “retenciones” en otro de nuestros envíos (¿Inevitables retenciones? 02/02/2009), asique ahora preferimos referirnos al concepto de “rentabilidad” o ganancia que es alcanzado por otro impuesto. Precisamente el impuesto a las ganancias. Siendo, este sí, el que es considerado el más progresista de los tributos al tener en cuenta, no el monto de lo que se vende (como lo hacen las retenciones), sino el monto de lo que efectivamente gana el contribuyente. Éste es el impuesto que “ojalá” pagaran todos los que lo tienen que pagar. Ello evitaría, precisamente, recurrir a la aplicación prolongada y permanente de instrumentos qué, como son las retenciones, han sido diseñados para ser utilizados en forma moderada, temporaria y selectiva.

Las retenciones no son un triunfo. Y mucho menos puede el gobierno jactarse de su aplicación. Son, básicamente, el reflejo del déficit en la recaudación del impuesto a las ganancias, que ha debido ser cubierta por este instrumento que no distingue niveles ni condiciones de los contribuyentes. Déficit achacable no solo a los consabidos bolsones de evasión sino, considerablemente, a las múltiples exenciones dispuestas por la propia ley (rentas financieras, dividendos, etc.), a la autoexclusión de sectores enteros que no tributan (poder judicial), a los múltiples mecanismos de elusión contenido en otras disposiciones jurídicas y a normas qué, como el blanqueo, erosionan el concepto de “riesgo de incumplimiento”, en el que ha trabajando acertadamente la agencia nacional de recaudación.

La maquinaria fiscal en la época colonial: la Hacienda del Rey

Gobernantes que toman como propio y en beneficio propio el manejo de la hacienda pública, burocracia parasitaria, corrupción. ¿Historia antigua?

Desde el comienzo, toda América, fue propiedad del Rey de Castilla. Para evitar equívocos los monarcas escamotearon la administración económica de “sus” indias a la Contaduría de Castilla, pues consideraban que no eran bienes castellanos, sino de la persona de su Rey. Organizaron para ello una toda una planta burocrática independiente con funcionarios propios, pudiendo así, recaudar y gastar sin necesidad de dar cuentas a nadie. La Real Hacienda se configuró entonces como un aparato gigantesco destinado a cobrar impuestos a todos los que vivían en las Indias.

La máquina tributaria constaba de dos aparatos sincronizados en España y en América. El primero, centralizado por La Casa de la Contratación. El segundo,  supervisado por los Virreyes y Gobernadores. Hasta que en 1605 se crearon Tribunales de Cuentas de México, Lima y Santa Fe de Bogotá, además de dos plazas de revisores de cuentas en La Habana y Caracas para la contabilidad de Las Antillas y Venezuela. Su cometido, según la cédula fundacional era que “se tomen las cuentas de las rentas y derechos que a Nos pertenecen en aquellos Reynos y Señoríos…….“. Es decir, controlar entidades o personas relacionadas con la hacienda real. Los oficiales de los Tribunales de Cuentas eran tres contadores de Cuentas y dos contadores de Resultas. Sus enormes atribuciones hicieron que chocaran pronto con las otras autoridades.

Para la recaudación de los impuestos en todas las comarcas de interés económico se crearon las Cajas Reales, cuya función era recaudar los impuestos, pagar los costos y remitir anualmente el sobrante a la cabecera de distrito. De aquí se enviaba a la Casa de la Contratación, donde se asentaban las partidas pertinentes y se notificaba al monarca el dinero disponible. La contabilidad se llevaba con dos partidas, una de Cargo y otra de Data, que eran el Haber y el Debe. Los oficiales de las cajas eran un contador, un tesorero, un factor y un veedor. El contador llevaba el control de entradas y salidas de los distintos ramos de la caja y certificaba el movimiento. El tesorero custodiaba lo recaudado en el arca de tres llaves y efectuaba los pagos. El factor era el responsable de la venta de los productos depositados en los almacenes de la corona por tributos, comercio o decomisos. El veedor vigilaba pesos y medidas de lo tributado.

El sistema fue fatalmente ineficaz. Pese a toda esa organización (o quizás debido a ella) la burocracia fiscal de la colonia no pudo librarse de los dos grandes males que parece aquejar a todas ellas: Lentitud y Corrupción. Según narra la “Historia de la Hacienda del Rey”, El Rey fagocitó riquezas en beneficio propio sin saber nunca cuánto ni cómo. Los Tribunales de Cuentas retrasaron en años la contabilidad y sus revisiones, y muchos oficiales utilizaron el dinero de los impuestos para sus negocios particulares, confiando en reponerlo antes de que se hicieran las remisiones. ¿Historia antigua?