marzo 29, 2009 | Filed Under Contadores, Finanzas Públicas, General, Paraisos Fiscales | 6 comentarios
Durante varios años, dos veteranos senadores estadunidenses, Levin (Dem.) y Coleman (Rep.), investigaron el tema de evasión fiscal en su país. En 2006, se agregó un joven senador: Barack Obama. Entre los tres redactaron un proyecto de ley titulado “Stop Tax Haven Abuse Act”
La traducción de término “haven” es “refugio” o similares, la traducción de “heaven” podría asimilarse a paraíso. Un histórico error hizo que, lo que para los angloparlantes es un refugio fiscal, para los hispanos sea un paraíso fiscal. En definitiva se trata de geografías que proveen a personas y empresas diversas posibilidades de evasión tributaria y anonimato patrimonial en perjuicio de sus fiscos de origen o residencia. Siendo además escondite de capitales provenientes de otros delitos (corrupción, narcotráfico, etc.)
Levin, Coleman y Obama presentaron su proyecto de ley ante el Senado en febrero de 2007 y ante la Cámara de Representantes en mayo siguiente. “Es una cuestión esencial de equidad. Debemos sancionar a los individuos y a las empresas que violan nuestro derecho fiscal para que aquellos que trabajan duramente y respetan las reglas del juego no resulten desfavorecidos”, advirtió Obama ante el Senado. El proyecto de ley, de 68 páginas, es un importante avance en la lucha contra el fraude fiscal. Incluía una lista “negra” de 34 países calificados como ’jurisdicciones secretas extraterritoriales” por el fisco norteamericano. Entre los países mencionados, siete pertenecen a la Unión Europea (UE): Luxemburgo, Liechtenstein, Chipre, Gibraltar, Malta, los Países Bajos y Letonia. En la lista está también Suiza. Los tres senadores señalan numerosos paraísos fiscales en el Caribe. Media docena son islas independientes, como Granada, Santa Lucía o las Bahamas, pero muchas pertenecen a la Corona Británica. Es el caso de las Islas Anguilas, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes británicas o las Islas Turcas y Caicos. También dependen del Reino Unido otros centros financieros off shore, como las islas anglonormandas de Jersey, Guernsey, Alderney, Sacks, ubicadas en el Canal de la Mancha; así como la isla de Man, que se encuentra en el Mar de Irlanda. Destacan además Costa Rica, Panamá, Belice, Singapur y Hong Kong.
El proyecto irritó a la administración Bush, generó tensiones diplomáticas, no entusiasmó al Congreso y tampoco interesó a los medios de comunicación. Lentamente cayó en el olvido. En los últimos meses, el tema resurgió a raíz de la crisis que azota al planeta y de la imperiosa necesidad de construir “una nueva arquitectura financiera mundial”.
No es la primera vez que dirigentes políticos expresan su determinación para enfrentar el problema. La más reciente ofensiva ocurrió después de las crisis financieras y económicas que estallaron en los años noventa. Pero, todo se paralizó con la llegada de Bush al poder. Los centros financieros off shore aprovecharon esa oportunidad para organizar su defensa. Crearon la Intenational Tax Investment Organization, que muy pronto fue apoyada por los sectores más conservadores de Estados Unidos y rearmaron su lobby. Ello permitió que los paraísos fiscales siguieran prosperando, pero, lo novedoso es que hoy, uno de los firmantes del proyecto de ley es el poderoso ocupante de la Casa Blanca. ¿Se viene la “Stop Tax Haven Abuse Act” a nivel mundial?
marzo 25, 2009 | Filed Under Contadores, Finanzas Públicas, General, Impuestos | 5 comentarios
Otra improvisación:
El sistema de coparticipación nació en 1934 para resolver enredadas superposiciones tributarias ocasionadas por nuestra organización federal. El fundamento era bueno, pero ya había por detrás un esquema que restaría autonomía a las provincias, haciéndolas depender de una caja instalada en Buenos Aires. Muchos años después, En 1994, los constituyentes decidieron que –previo un acuerdo entre provincias—el Congreso debía sancionar una nueva ley de coparticipación, justa y eficiente, antes del 31 de diciembre de 1996. Es cierto que la Constitución puso demasiados requisitos, algunos de los cuales pueden ser contradictorios. Pero también es cierto que no se ha hecho nada para buscar un común denominador, identificar las áreas de disenso y mejorar la distribución existente en 1994. Al contrario, es notorio que ha habido falta voluntad para cumplir la Constitución, y el Estado nacional ha empleado cualquier pretexto para ir quedándose con la parte del león.
Hasta ahora los diferentes gobiernos vienen postergando el cumplimiento del mandato constitucional que establece como atribución del Congreso imponer una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, que instituya regímenes de coparticipación, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos y obligando, al mismo tiempo, a que esa coparticipación sea equitativa y solidaria, priorizando el objetivo de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Pero, contrariamente a ello y acrecentando nuestra precaria institucionalidad tributaria, sorpresivamente, sin debate ni consulta, la semana pasada se conoció un decreto de necesidad y urgencia (otro más) que crea un Fondo Federal Solidario constituido con el 30 % de los derechos de exportación que se recauden por la soja en forma de grano o sus derivados. Ese monto será coparticipado a las provincias con el método habitual de remitos de los fondos federales y las provincias que adhieran deberán, a su vez, coparticipar a sus municipios el 30 % de lo reciban por este concepto. Esos montos deberán ser usados en obras que mejoren la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales. Aunque no se establecen mecanismos especiales de control ni de rendición de cuentas. En los considerandos, el decreto expresa la tesitura del gobierno en cuanto a que las retenciones no son un impuesto sino un derecho aduanero que corresponde exclusivamente a la nación, concepto muy discutido por muchos constitucionalistas, que pone a los gobernadores ante la disyuntiva de convalidar el improvisado andamiaje jurídico o perder la posibilidad del ingreso de fondos con los que no contaban hasta ahora, aunque con muy relativos beneficios ya que, como expresara, por ejemplo, el intendente de la localidad santafecina de Chabás, el año pasado esa provincia, aportó $13.000 millones por retenciones contra los $6.500 millones que -se supone- se repartirán, ahora, entre todas las provincias. De ellos, a Santa Fe le tocarían $480 millones y a la comuna de Chabás $140 mil, aproximadamente, $15 pesos por habitante.
O sea, todos los ingredientes juntos: Improvisada urgencia, precaria legalidad y perverso reparto.
marzo 19, 2009 | Filed Under Contadores, Finanzas Públicas, General, Jubilaciones | 9 comentarios
Una de las principales disposiciones de la ley que estatizó totalmente los recursos previsionales, es la referida al control de los fondos, a cargo de una Comisión Bicameral. Ésta todavía no existe, por lo tanto: “Nadie” controla a la ANSES
“La Administración Nacional de la Seguridad social, entidad actuante en la órbita del Ministerio de Trabajo, gozará de autonomía financiera y económica con los alcances que disponga la reglamentación, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social”. Esto es lo que dice la ley.
Seis diputados y seis Senadores, designados por el Congreso, formarán la Comisión que deberá ser informada “permanentemente” (sic) y podrá requerir información, hacer observaciones, propuestas, recomendaciones, y emitir dictámenes. Pero, ¿qué va a hacer si todavía no existe? Y cuando exista, antes de empezar a actuar tendrá que darse su propio reglamento, definir autoridades, conseguir presupuesto, etc. Lo que hace dudoso su pronto y efectivo funcionamiento.
También se previó otro mecanismo para monitorear los recursos del sistema: el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Deberá estar integrado por: Un representante de la ANSES. Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dos representantes del órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados, que funciona en el ámbito de la ANSES. Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores. Dos representantes de las organizaciones empresariales. Dos representantes de las entidades bancarias. Dos representantes del Poder Legislativo (uno por cada Cámara). Pero este “populoso” organismo tampoco existe. Su integración viene demorada. Hasta ahora sólo CGT y CAME nominaron sus representantes ante ese Consejo. El resto de las entidades, como la CTA, la Cámara Argentina de Comercio o las asociaciones de bancos, todavía no lo hicieron. Y por el receso parlamentario, los representantes de Congreso, tampoco fueron nominados.
La situación preocupa: En un reciente comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires instó al Congreso de la Nación a que proceda a cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 26.425, “dando los pasos necesarios para ejercer el adecuado control del destino de los fondos transferidos a la ANSES. La mencionada ley fue sancionada el 20 de noviembre pasado y promulgada el 9 de diciembre. Según ellos, “la transferencia de los fondos acumulados en las AFJP a la órbita del Estado constituyó “una verdadera incautación, que atenta contra el derecho de propiedad consagrado por la Constitución nacional”. “Desde entonces, y como es notorio, el incesante accionar de la ANSES ha destinado esos recursos a subsidiar ciertas actividades, emprendimientos y todo tipo de proyectos impulsados desde el seno del gobierno nacional, sin mediar un adecuado análisis acerca de la viabilidad de los mismos y de imprescindibles razones de oportunidad y conveniencia“.
Guillermo LoCane es Contador Público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tributarista, consultor, ha sido asesor en el Senado y actualmente lo es en la Cámara de Diputados de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Especialización en Impuestos de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Belgrano, y es miembro de la Comisión de Estudios sobre Finanzas Públicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.