La matriz perversa de los impuestos en la Argentina

Desde el 2003 la recaudación de impuestos, creció  más que el PBI. El  estado nacional  tomó recursos de las personas y  las empresas a un ritmo superior al del crecimiento de la riqueza. Las provincias no se quedaron atrás.

En 2003, el fisco nacional recaudó $ 79.000 millones con un PBI de aproximadamente $ 375.000 millones. En el 2008 la recaudación fue de $ 299.000 millones (+ 277%), con un PBI en torno a los $ 1.000.000 (+ 166%). Por lo tanto la presión tributaria, solamente de impuestos nacionales, pasó del 21,10% del PBI en 2003, a 29,90% en 2008.

Es indudable que los argentinos pagan más impuestos que nunca, pero ¿quiénes son los que más pagan? Saberlo es necesario, porque, para decirlo con un ejemplo deportivo, en cancha de los impuestos se juega la primera final del campeonato por la equidad social. El partido revancha se juega en cancha de las políticas asistenciales.

Los que más pagan son: las familias a través de sus consumos. Los trabajadores empleados y autónomos a través de sus ingresos. Los productores primarios de bienes exportables a través de disminuciones -retenciones- del precio pleno de sus productos de exportación Y los medianos contribuyentes que no pueden trasladar la carga del impuesto a las ganancias al precio de sus productos y servicios

Y los que menos pagan (además de los evasores y aquellos que logran eludir los tributos) son: Los contribuyentes del impuesto a  la riqueza y los bienes personales. Los que cobran rentas y ganancias del capital y las finanzas. Y aquellos grandes contribuyentes del impuesto a las ganancias que, a pesar de estar alcanzados por el impuesto en cabeza propia, por las características del mercado y su condición de formadores de precios, están en condiciones de  trasladar la carga tributaria sobre clientes o proveedores.

Conformándose así, un sistema tributario ANTIPRODUCTIVO, INEQUITATIVO Y  REGRESIVO, con matriz  invertida donde, los sectores sociales que  más pagan, no son necesariamente  los que más ganan.

Situación que no es nueva, pero que se acentuó en los últimos años debido a: Fuerte incremento en la recaudación, de los impuestos sobre el trabajo, el comercio exterior, y los movimientos bancarios. Persistencia de impuestos al consumo como principal fuente de recursos tributarios. Y débil incremento en la recaudación de los impuestos a las ganancias y las riquezas.

Mayor presión y mayor inequidad, porque medido en puntos de PBI, los impuestos sobre consumo mantienen la primacía , pero la participación en el total, de los impuestos sobre el trabajo (seguridad social) es la que más crece, seguida de los impuestos al comercio exterior.

Adicionalmente, la reducción de recursos coparticipados sufrida por las provincias en el período y la aceptación pasiva de la situación, terminó perjudicando a todos los contribuyentes.

En efecto, antes que una justa defensa de sus derechos, las administraciones provinciales y también las municipales han optado por ir sustituyendo la merma, con la sanción diversas normas cuya objeto es exclusivamente recaudatorio (nuevos tributos, menores exenciones, mayores tasas, etc.) lo que, en definitiva, eleva la presión fiscal sub-nacional en un porcentual equivalente a lo perdido y coloca a la “presión tributaria total” en niveles desconocidos por éstas tierras, sin la más mínima consideración de doble imposición, equidad, capacidad contributiva, ni demás derechos del contribuyente.  

Los derechos del contribuyente

Intentos y procedimientos para mejorar una relación difícil.

 Mediante el denominado Taxpayer Bill of Rights, del año 1988, empezó en EEUU una serie de modificaciones del Tax Code, con el fin de morigerar la aplicación estricta de los procedimientos de la administración tributaria, (IRS), que originaban lesiones directas a las garantías y derechos constitucionales de los contribuyentes. El logro más significativo fue la creación del IRS Ombudsman (defensor del contribuyente) que luego de una reforma complementaria ocurrida en 1996, terminó llamándose National Taxpayer Advocate.

A partir de la reforma de 1998, el despacho del abogado del contribuyente en EEUU, se fue ampliando hasta convertirse en una agencia independiente de la administración, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS), con presencia estadual o regional y la capacidad de intervenir eficazmente en la defensa de los derechos, hasta el punto de tener facultades de suspensión de las actividades de fiscalización y liquidación tributaria.

También con una visión sistémica se ha convertido en un espacio para canalizar las inquietudes de ciudadanos sobre temas tributarios, recibir propuestas y además, proponer alternativas de mejoramiento de las instituciones procedimentales, procurando que las relaciones entre la administración y los contribuyentes se desarrollen dentro del mejor clima y sana convivencia.

Los contenidos más significativos de este sistema son:

1. El catálogo de los derechos fundamentales de los contribuyentes y de las facultades de las AT.
2. La existencia de un organismo defensor o garante de los contribuyentes, independiente de la agencia de recaudación.
3. Las efectivas facultades de intervención del organismo, ante sucesos violatorios de derechos y garantías.
4. Las formas interactivas entre ese organismo y los contribuyentes que avanzan hacia vínculos resolutivos y propositivos en un amplio abanico de cuestiones.

 La iniciativa de Estados Unidos no es la única en la arena internacional. A modo de ejemplo: Francia, México y Canadá, tienen un “Estatuto del contribuyente” con forma de declaración de derechos. En muchos países se han redactado cartas o estatutos donde se establecen derechos y obligaciones del contribuyente y del Fisco en la relación que los une. Específicamente, España en 1998 (ley 1), e Italia en 2000 (ley 212) implementaron estatutos que buscan dar otro marco a esa relación, regulando, incluso, aspectos como ser: el límite de tiempo de una inspección o los documentos que puede solicitar la administración tributaria. En América Latina se ha comenzado a tratar el tema, aunque, en la mayoría de los casos, no se ha pasado de la puesta en práctica de una simple “oficina de quejas” dentro de la propia estructura de las Administraciones Tributarias, lo que les brinda escasa relevancia.

Goles demorados. Estadísticas secuestradas.

La comparación es odiosa pero “alguien” hizo una peor.

El uso de la palabra no es gratuito. Esto lo sabe hasta el más despistado. “Si va a decir una estupidez, mejor no la diga”, nos aconsejaba con irrefutable razonamiento un severo profesor de esos que ya no existen. Los términos “demorado”, “secuestrado” o “desaparecido”, tienen para el pueblo argentino significados de profundo dolor. Su utilización banal o chabacana lo ofende y consterna. Sin embargo “alguien” sugirió recientemente una similitud entre el secuestro y desaparición de personas con la demora de la televisión para dar los goles de la jornada, como una justificación más del engendro pergeñado entre el Estado y la AFA.

Este lamentable exceso discursivo, nos invita a continuar el símil con respecto a episodios que posiblemente pasen a la historia como “el secuestro y desaparición de las estadísticas oficiales”.

Rememorando aquellos pedidos de  “habeas corpus” que eran prácticamente la única herramienta jurídica frente a los atropellos del terrorismo de estado, los principales bloques de la oposición reclamaron  recientemente al Gobierno, para  que explique por qué “desaparecieron”  muchas de las estadísticas sobre la producción y el comercio de productos agropecuarios. La UCR presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, mientras que diputados de la Coalición Cívica lograron llevar el asunto hasta la Justicia Federal, que ahora deberá investigar.

El pedido de informes presentado por la UCR, con las firmas del jefe y del secretario de su bloque en Diputados, Oscar Aguad y Pedro Morini, se hizo eco de un artículo publicado por el diario Clarín, en el que se informó que la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) han dejado de publicar, desde hace un año al menos, quince series estadísticas claves para el sector agropecuario, como la estimación oficial de la cosecha de granos y la faena de vacunos.

Ya en marzo pasado el secretario de Agricultura, había ordenado dejar de difundir las estimaciones de cosecha. En ese momento el radical Morini presentó otro “habeas corpus” pero no obtuvo ninguna respuesta. Lo mismo le sucedió al diputado Ferro, de la Coalición Cívica, quien reclamó a la ONCCA que haga públicos los datos sobre exportaciones de carne. Como tampoco logró nada, ese diputado recurrió a la justicia amparándose en el decreto 1172/03, de Acceso a la Información Pública. El caso recayó en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nro. 5.

 “Esto es una caza de brujas”, relata, una técnica que hizo toda su carrera en el INDEC, organismo en el que, ahora, le han quitado hasta la oficina. Como ella, muchos funcionarios fueron desplazados de sus cargos y quedaron sin funciones. Y hasta áreas completas, como la de Estimaciones Agrícolas, con 100 trabajadores en su lista, permanecen a la deriva. ¿Terrorismo de estado?

 Como dijimos, el uso de la palabra no es gratuito. Muchas veces, como en épocas de siniestras dictaduras, el relato oficial trata, mediante ellas, de ocultar la verdad, pero, tarde o temprano ésta se vuelve irrefutable y toma revancha sobre sus “secuestradores”. Convendría a los funcionarios, transitorios por definición, meditar sobre ello, o por lo menos evitar símiles discursivos que son un boomerang y no los dejan bien parados.