Presupuesto 2010: Sin tretas no hay paraíso

septiembre 29, 2009 | Filed Under Contadores, Finanzas Públicas, General | 5 comentarios

Igual que en años anteriores, pero esta vez por motivos diferentes, el presupuesto nacional se presenta  poco creíble y plagado de tretas contables.

Continúa la escasa credibilidad de los presupuestos K, reflejada históricamente en este dato ya conocido: Entre 2004 y 2008 los recursos y gastos se subestimaron para posibilitar vía jefe de gabinete o decreto de necesidad y urgencia, la distribución discrecional de los excedentes. Mediante esta treta contable el gasto realizado siempre superó al inicialmente presupuestado, alcanzando en 2008 el récord de $30.000 mil millones distribuidos a piaccere.

Se sabe que en esta oportunidad las finanzas no se presentan tan venturosas, pero, entre lo que se omite y lo que tergiversa, la programación y ejecución del presupuesto nacional no deja de ser un carrusel inagotable de sorpresas.

Y para el 2010 hay novedades. Una de ellas es que si el presupuesto se aprueba sin modificaciones, se habilitará  una combinación de artículos que le dan la posibilidad al Gobierno de emitir deuda por alrededor de 9200 millones de pesos, para un plan de obras que es una incógnita y que, además, no se computarán como gasto sino como inversión financiera. Mecanismo inusual para financiar obras públicas, que, al no registrar un aumento del gasto no impacta en el resultado primario y permite camuflar el déficit o aumentar el superávit del ejercicio.

La treta: Mediante el artículo 17 del proyecto, se permite al Poder Ejecutivo crear, a solicitud del Ministerio de Planificación Federal, un programa de inversiones prioritarias.  Se establece allí que los gastos de este programa se consideran un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización. ¿Qué significa esto? Pues que no se presupuestan como gastos y, por lo tanto, no incrementan su nivel.

Lo correcto: Suprimir este artículo y permitir al Congreso establecer en su totalidad el cronograma de inversiones anuales y el monto total demandado por cada proyecto. Pero, ya se sabe, correcto no se escribe con K.

Y además: ¿En qué planilla o artículo del presupuesto del año 2008 -presentado en el 2007-, figuraba un incremento de tasas de derechos de exportación como el que se pergeñó en la Resolución 125 del M.E.?  ¿En qué sección del presupuesto 2009 -presentado en el 2008- figuraba la intención de contratar la televisación pública y gratuita del torneo de fútbol argentino que compromete un gasto total de, aproximadamente, 6.000 millones de pesos por diez años? ¿Dónde figuraba la propuesta de distribuir entre las provincias el 30% de la recaudación por derechos de exportación, realizada luego a los apurones, en plena campaña electoral? ¿Y la idea del impuestazo tecnológico en curso, donde figuraba?

Estos y muchos otros más, son ejemplos de la negativa capacidad del poder ejecutivo para mellar la credibilidad del presupuesto que en realidad debería reflejar razonablemente decisiones de gastos y recursos establecida por los legisladores en oportunidad de su tratamiento parlamentario.

Derechos de exportación: En el 2010, más estelares que nunca

septiembre 22, 2009 | Filed Under Finanzas Públicas, General, Impuesto a las Ganancias, Impuestos | 3 comentarios

El Gobierno espera cobrarle a los exportadores $43.116 millones, lo que equivale al 73% de lo que estima recaudar en Impuesto a las Ganancias.

En el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año, las cifras estimadas de recaudación tributaria son objeto de múltiples miradas. Esto ha sido así, más que nunca en los últimos años, dado que, los impuestos y los recursos aduaneros (y ahora también los de seguridad social), son, por lejos, la principal fuente de financiamiento del Tesoro Nacional, y por Coparticipación, una de las principales de las provincias (que agregan a ello la creciente recaudación propia).

Entre esos recursos, la recaudación por derechos de exportación estimada para el año próximo, brilla con luz propia.

Es que, si bien a nadie escapa la importancia de este tributo tan discutido en los últimos tiempos, la trayectoria esperada para el año que viene, supera todo lo conocido. Como vemos en cuadro final, el poder ejecutivo dice que espera cobrarles a los exportadores 43.116 millones de pesos. Lo que equivale al 73% de lo que les piensa cobrar en concepto de impuesto a las ganancias a todas las personas físicas y jurídicas del país, entre los cuales también están, por supuesto, los productores e industriales afectados por este gravamen.

La relación será entonces de setenta y tres pesos de Derechos de Exportación (D.E.) por cada cien pesos de Impuesto a las Ganancias (IG). Relación que comenzó siendo de 56, y llegó a 67 en el 2008. Y significa que el impuesto a las ganancias, considerado por todos, como progresista, equitativo y ecuánime, habrá crecido, según estimaciones oficiales, un poco más de seis veces y media entre 2002 y 2010. Mientras que los derechos de exportación, considerados, como anti-productivos, regresivos e inequitativos, crecerán en el mismo período un poco más de ocho veces y media, ratificando su importancia y su “estelaridad”. Lo cual, como siempre, puede ser objeto de dos miradas: Una “de caja” (que bueno que existan) y otra de “equidad” (que malo recaudar así). 

Recaudación Tributaria (en millones de $)

Año

Derechos de Exportación

Impuesto a las Ganancias

D.E./ I.G

2010

43,116

59,030

73%

2009

32,020

54,485

59%

2008

36,055

53,646

67%

2007

20,450

42,855

48%

2006

14,712

33,615

44%

2005

12,323

28,045

44%

2004

10,272

22,289

46%

2003

9,212

14,751

62%

2002

5,022

8,919

56%
Fuente: Afip y M.E.    

El vaciamiento de YPF

septiembre 15, 2009 | Filed Under Contadores, Finanzas Públicas, General | 23 comentarios
 El reparto obligatorio de dividendos entre Repsol y el Grupo Petersen descapitaliza a la empresa.
 
Menos exploración, menos perforación, menos reservas. Al 31 de diciembre último, las reservas de petróleo del país cayeron un 4%; y las de gas, un 10%, con relación a la misma fecha del año anterior. Así consta en un informe elaborado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, sobre la base de los datos oficiales. Y advierte “el retraso en la adición de reservas con respecto a la producción de hidrocarburo, pone en riesgo el autoabastecimiento energético del país”.

La cantidad de petróleo y gas girado a consumo interno y exportación subió mucho más que la cantidad de producto nuevo encontrado, y el resultado neto es un 43% inferior al de la década del ´90. En esta última, la diferencia entre los hidrocarburos incorporados y la producción fue de 78.112 millones de metros cúbicos de petróleo y gas, y en la actual ese resultado es de 43.995 millones. Como consecuencia, al 31 de diciembre de 2008, las reservas se encuentran en el punto más bajo de los últimos 30 años. El informe vincula directamente esa situación con la disminución en la perforación de pozos exploratorios. Concretamente, se alteró la matriz de equilibrio entre exploración, perforación y producción.  Mientras tanto YPF, si bien ganó plata como nunca antes, está más vacía que tiempo atrás. 

La argentinización.   A comienzos del año 2008 se publicitó como beneficiosa para el país una operación financiera por demás curiosa. Un grupo empresario argentino totalmente ajeno al negocio petrolero y de escasa relevancia internacional, pero con fluido acceso al máximo poder político nacional, logró quedarse con el 14,9% de las acciones de YPF, y el derecho a ofertar por un 10% por ciento más: Total, 25% de una de las empresas más importante del cono sur. La operación, y sobre todo la forma de pago, despertaron suspicacias de diversa índole.

La llamada “argentinización”, fue realizada mediante Petersen Energía SA (PESA), sociedad española  que tiene un único accionista: Petersen Energía PTY LTD, constituida en Australia, con domicilio en la Towers 525 de la Collins Street de Melbourne (Australia). En ese país, PTY se emplea como abreviatura de propietary ( propiedad personal) y la expresión “PYT Ltd.” significa “empresa personal de responsabilidad limitada”. El grupo comprador no desembolsó en efectivo ni un solo dólar. Recibió préstamos de bancos internacionales por US$ 1.018 millones. Repsol, por su parte, le hizo un préstamo por US$ 1.015 millones de dólares, acordó pagos extraordinarios de dividendos para facilitar la operación, y pactó por escrito distribuir obligatoriamente, de allí en más, el 90% de las ganancias de YPF, bajo la forma de dividendos ordinarios, pagaderos semestralmente.  

Más dividendos, menos patrimonio.  Más allá de la intrincada forma societaria del adquirente, y la insólita financiación obtenida, la trascendencia de este “pacto de reparto obligatorio” del 90% de las ganancias de YPF, debe considerarse a la luz de las necesidades de exploración que presenta Argentina y la peligrosa evolución negativa de sus reservas comprobadas. Un pacto en el que dos (REPSOL Y PESA) se benefician mutuamente en menoscabo de las necesidades de la compañía y el país, acentúa el vaciamiento de la capacidad de inversión y difícilmente pueda ser festejado como “argentinización”, si se tiene cuenta, además, que los dividendos fluyen del país con destino a España y………. ¿Australia?. Concretamente, desde el momento de la operación descripta, el total de dividendos salidos del país durante el 2008, igualó la suma de los años 2005,2006, y 2007, llegando a  $9.287 millones, y en lo que va del 2009, ya se fugaron casi $2.500 millones más. Y lo que es peor aún: aumentó el endeudamiento, y se resintió la inversión.

Pedido desde el Congreso: Revisar la legalidad. En la nota pública emitida por Repsol oportunamente para justificar la operación, se afirmaba que con ella “Repsol equilibra el peso de Latinoamérica en su balance” y que “ésta fórmula contribuirá significativamente a una mayor diversificación de la cartera de activos del grupo”.

Al respecto, la diputada nacional Lidia Satragno, Pinky, acompañada por legisladores de diversos partidos políticos, presentó, recientemente, un Pedido de Informes dirigido al Poder Ejecutivo en el que afirma “….O sea que, de alguna manera, aún teniendo que financiar al comprador, Repsol encontraba beneficios en la operación. Máxime si mediante una de la cláusulas del convenio de compra, YPF quedaba obligada a distribuir el 90% de las ganancias anuales mediante el pago de dividendos, desistiendo para eso de inversiones posiblemente imprescindibles. En cuanto al Grupo Petersen, si el Ejecutivo confirmara la información de la que disponemos, eso demostraría que dicho grupo -de dueño desconocido y sin expertisse en materia petrolera-  se aseguró el control de YPF mediante la adquisición de sólo 14,9% de las acciones, y a pagar con el flujo de dividendos forzados de la propia YPF”.  Y finaliza “Esto no sería indiferente a los intereses generales del país, porque afectaría la inversión, la producción y la eficiencia de una empresa fundamental para nuestro futuro energético. En tal caso sería necesario revisar la legalidad de la operación”.

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