El fantasma de los juicios laborales le pone freno al crecimiento de pymes y mini pymes

No es cuento ni invento. La industria del juicio laboral en la Argentina debe haber sido el rubro económico que más creció en los últimos años. Cualquier empresario pyme o mini pyme lo sabe. Contra esa verdadera espada de Damócles, no hay remedio ni prevención, porque el ámbito donde se dirimen la causas está totalmente (o casi) vinculado a estudios de abogados expertos en juicios a la empresas, más allá, por supuesto, de casos de absoluta validez. El punto es que la sola posibilidad de caer en las garras de estos verdaderos “caranchos” limita decisiones empresarias de crecimiento y expansión que incremente la plantilla de personal y por ende el riesgo de posibles juicios laborales o de accidentes. “Más empleados, más problemas” razona el empresario. Y quien lo puede desmentir.

Veamos lo que relata el periodista Luis Majul en su reciente columna de El Cronista Comercial: La red de poder que según fuentes oficiales maneja el estudio Recalde es enorme y tiene ingresos multimillonarios. En el fuero laboral nacional hay 80 juzgados de primera instancia. Cuarenta y nueve están ocupados. Treinta y uno funcionan ‘subrogados’. Para que se entienda bien: entre los 49 jueces titulares se reparten 80 juzgados.

El Gobierno asegura que entre 15 y 20 jueces responderían a Recalde. También dice que, en la Cámara de Apelaciones, la influencia de Recalde es mayor. En la Cámara hay diez salas de tres jueces cada una. Es decir, 30 jueces. Sin embargo, hoy funciona con solo 22 magistrados jueces. Las mismas fuentes sostienen que de los 22 responderían a Recalde por lo menos 11. Pero la influencia del ex abogado de la CGT no termina allí, sino donde se cocina el verdadero negocio: en la decisión de los peritos y los estudios de abogados. Los peritos son quienes dictaminan en los juicios por accidente de trabajo. La palabra de estos peritos sería considerada ‘santa’ por los jueces que responden a Recalde. En el caso de los magistrados que no forman parte del ‘sistema’, suelen estar tan tapados de trabajo que no tienen tiempo de chequear si el perito está mintiendo o diciendo la verdad.

UN EJEMPLO ENTRE MUCHOS: Un lunes de este año se presentaron diez personas de una misma empresa ante la justicia laboral. Todos tenían la misma lesión. Todos fueron al mismo médico. Todos consiguieron un mismo certificado. Y todos acudieron al mismo abogado para iniciar un juicio laboral. Hay muchos casos parecidos. Y siempre el mismo final. Porque sea en la primera o en la segunda instancia, todos los juicios pasan sí o si, por un juez cercano a Recalde. Y en la abrumadora mayoría de los casos, las empresas pierden el litigio.

UN CÁlCULO: A un trabajador que hoy cobra $ 10.000 y acumula una antigüedad de diez años le correspondería una indemnización de $ 110.000. Un sueldo por año más otro salario completo. Pero cuando toma el caso uno de los estudios bajo la influencia de Recalde, presentan una demanda por $ 400.000 o 500.000. Y si tienen la suerte de contar con un juez o camarista del mismo palo, se les reconoce, completo, el millonario reclamo. Por ley, el abogado se queda con el 20% de la sentencia. SE DICE QUE: los abogados cobrarían, además, la llamada cuota litis, que es otro 20% más del monto de la sentencia. Por su parte, el perito no cobra una suma fija, sino entre el 5 y el 8% de la sentencia. También es de uso y costumbre que el estudio de abogados acompañe al trabajador a cobrar el cheque con la indemnización al banco. Allí algunos de estos “caranchos” le pueden sacar otro 5 o 10%. Al trabajador le quedaría entre el 40 y el 50% de la sentencia.

LOS NÚMEROS DE UNA INDUSTRIA FLORECIENTE: Entre 2010 y 2016 los juicios resueltos implicaron un pago de sentencias por u$s 3.500 millones. Los honorarios de abogados y peritos pagados efectivamente en estos juicios ascendieron a u$s 700 millones. Solo en 2016, se pagaron u$s 126 millones en concepto de honorarios.

 

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