2018: El año del blanqueo laboral masivo

Es uh hecho. La nueva ley de blanqueo laboral tendrá aplicación a partir de marzo próximo. El plan ya lo puso en marcha el ministro de Trabajo. Como primer paso la nueva norma deberá ser discutida en el Congreso. La nueva ley de “formalización laboral” prevé eximir del pago de multas a los empresarios que regularicen la situación de sus trabajadores y, por otra parte, el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.

En la actualidad hay 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales. De ese universo, en una primera etapa, el Gobierno aspira a que entre 800.000 y 1.000.000 se sumen al trabajo formal. El foco estará puesto en la construcción, el comercio y gastronómicos, los peones rurales, el personal doméstico y, en menor medida, los empleados de las manufacturas.

La capacitación es otro punto central. La meta es trabajar sobre los procesos formativos en distintas etapas. Una de las preocupaciones de los empresarios que Triaca suele trasladarles a los sindicalistas es que hoy falta personal idóneo para cubrir las vacantes.

Una de las opciones en evaluación son las pasantías formativas. Esta posibilidad generó mucha resistencia al comienzo de la negociación, pero desde el Gobierno aclararon que no se trata de un número que estará en manos de los empresarios, que podrían utilizar la herramienta para forzar una flexibilización de las condiciones de trabajo, sino que las pasantías serán determinadas por los convenios laborales.

En todos los casos, todas las negociaciones serán sector por sector. Desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que ya están avanzadas las conversaciones con los sectores de energía, servicios, gastronómicos y de la construcción.

Descartada por ahora la posibilidad de un proyecto para modificar la ley de contrato del trabajo, la reforma laboral que planifica el Gobierno comenzará a materializarse con las primeras paritarias de 2018 y tendrá rasgos distintivos de acuerdo con el sector y su convenio colectivo. Las alternativas en evaluación incluyen la baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extraordinarios, salvo excepciones, como un plus por presentismo, y establecer las pasantías como un atajo para capacitar personal a valores más bajos.

Qué incluirá la nueva ley: Dos cosas fundamentales: Eximir del pago de multas a los empresarios que regularicen la situación de sus trabajadores. Reconocer a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad

Beneficiarios: Hoy existen 4,5 millones de personas en la informalidad. De ese universo, el Gobierno aspira a que entre 800.000 y 1.000.000 de trabajadores se sumen al empleo formal

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