Qué podemos esperar de la próxima Reforma Tributaria

Según mis investigaciones en la Argentina ha habido hasta el momento siete grandes Reformas Tributarias desde la conformación definitiva de la organización del Estado Nacional, allá por las últimas décadas del siglo 19. Veamos un poco de historia y también “lo que vendrá”.

Producida la “Revolución del Parque”, renuncia Juárez Celman y lo sucede Carlos Pellegrini, quien dispuso una importante reforma del sistema tributario (la primera gran Reforma Tributaria), en procura de aumentar los ingresos fiscales y readecuar la finalidad de la aduana, para volverla a su función rentística, disminuyendo los aranceles a la importación. Nacen los “Impuestos Internos”. En 1932, se produce la segunda gran Reforma, se establece el Impuesto a los Réditos, y en diciembre de 1934 nace el Impuesto a las Ventas (ley 12.143), gravamen de etapas múltiples sobre la venta de mercadería y determinados servicios. En 1946 tiene lugar una importante reforma tributaria (la tercera), ampliando la base del impuesto a los réditos y creando el impuesto a los beneficios eventuales (premios de loterías, juegos de azar y otros similares). De gran significación fue la generalización entre 1945 y 1946 de las Cajas de Jubilaciones, en adelante uno de los principales recursos de finanzas públicas. En el año 1973, apenas asumido, el gobierno constitucional lanza su reforma tributaria (la cuarta gran reforma tributaria). A partir del año 1974 el Impuesto a las Ganancias reemplazaría al de Réditos y Beneficios Eventuales. La Ley 20.538 estableció, para el sector agropecuario, un Impuesto sobre la Productividad Normal de la Tierra. Y mediante la ley 20.631, se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en reemplazo del Impuesto a las Ventas y al Impuesto a las Actividades Lucrativas, ampliándose la base imponible, con vigencia desde el 1de enero de 1975. No obstante, la generalización del IVA y el aumento de las alícuotas no cubrieron las expectativas de recaudación y por tal motivo, en poco tiempo, volvieron los impuestos provinciales sobre ventas. En 1976, la última dictadura realiza una quinta reforma tributaria. Cambia el criterio en el Impuesto a las Ganancias con respecto a los dividendos, al fijarse el criterio de su no gravabilidad, concentrando el gravamen exclusivamente en cabeza de las empresas a una tasa general del 33%. También se incrementó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado del 13 al 16%, y la tasa diferencial de los productos gravados al 21% fue remitida a la Ley de Impuestos Internos. En 1980, se generalizo aún más la aplicación del IVA y se eliminaron exenciones. Para fomentar las exportaciones se habían reducido las cargas patronales, pero esto pronto quedó sin efectos por problemas fiscales. En el año 1981, el gobierno de facto sancionó el Código Aduanero –ley 22.415–, atribuyéndose la facultad de gravar con derechos la exportación de mercadería para consumo. Con la democracia ya reconquistada, se produjo una sexta reforma tributaria. La Ley 23.349, sustituyó la ley original de IVA, reduciendo la alícuota y estableciendo tratamientos especiales para determinadas actividades económicas e introduciendo modificaciones de orden técnico. En el Impuesto a las Ganancias, se decide continuar gravando las ganancias de las empresas, pero también aplicar el gravamen sobre los dividendos percibidos por los accionistas, con la aplicación de una tasa combinada. Concepto que, además de agregar equidad tributaria, debería haber repercutido favorablemente en las finanzas públicas. Pero desde 1978, se había admitido la deducción de ajuste por inflación en el balance de las empresas, con efectos muy negativos para la recaudación.  Este criterio de doble imposición fue mantenido, pero en forma muy diferente, a partir del año 1990. Ya que, la ley 23.760 estableció una tasa del 20% para las ganancias de las empresas y un gravamen adicional especial con tasas mínimas del 10% sobre los dividendos cobrados por los accionistas, liberando al mismo tiempo a estos, de incluir en sus declaraciones juradas dichos montos como ingresos gravados de ninguna categoría. Son años de bajísimas recaudaciones. La Dirección General Impositiva se reconocía impotente frente a lo que se llamaba “el flagelo de la evasión”.   En 1992, una nueva modificación restableció el criterio de “separación total entre las rentas del accionista y la sociedad”; quedando el impuesto exclusivamente en cabeza de estas y anulándose el pago adicional establecido por la ley 23.760 para los accionistas que cobraran dividendos, pero no se restableció la obligación de que se incluyeran en las declaraciones juradas como ganancias gravadas. Perfeccionándose, así, el artilugio elusivo que permite, desde entonces, que los dividendos no sean declarados por los accionistas entre sus ingresos gravados, y por lo tanto queden afuera del gravamen.  En esos años, se produjo otra trascendente reforma en el Impuesto a las Ganancias: se establece el criterio de renta mundial, disponiendo que: “Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de emergencia que establece esta ley. Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior residentes en el país, tributaran sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en el país o en el exterior”.  La reorganización fiscal ejecutada a comienzo de la década del ´90, determinó la derogación de diversas contribuciones parafiscales de fomento. Ya en 1991, se había derogado el Impuesto a los Beneficios Eventuales, creándose el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones (Hoy ITI).   En lo que respecta a los impuestos sobre el capital y los patrimonios, en el año 1974 habían sido reunidos en un solo ordenamiento (Ley 20.629), dos gravámenes al capital: 1) que afectaba el capital de las empresas y 2) que gravaba el capital de las personas físicas en general. En 1976, ambos tributos fueron considerados por separado. En 1990, se reemplazó el Impuesto al Capital de las Empresas por el Impuesto a los Activos, Ley 23.760, vigente hasta junio de 1995. El Impuesto al Patrimonio se sustituyó por el Impuesto a los Bienes Personales, que se encuentra vigente con numerosas modificaciones.

La reforma constitucional de 1994, reafirmó el concepto de que “el Poder Ejecutivo carece por completo, en materia tributaria, de atribuciones para imponer contribuciones o crear normas tributarias, pues esta es una atribución exclusiva del Congreso”, y que “sus competencias en esta materia deben quedar circunscriptas a hacer recaudar las rentas de la Nación”. También jerarquizó la coparticipación como sistema para redistribuir impuestos nacionales, pero añadió condiciones que tornaron dificultoso su rediseño. En la práctica, aún no existe nueva coparticipación y el Poder Ejecutivo mantiene sus potestades tributarias. En cuanto al IVA, en 1995, arguyendo razones presupuestarias se decide elevar el alícuota general del gravamen del 18 al 21 por ciento. En 1996, se derogó por ley la exención del impuesto a las ganancias que beneficiaba los sueldos de magistrados y legisladores, pero ello no fue bien apreciado por los jueces de la Corte Suprema, quienes consideraron inaplicable la norma para magistrados y funcionarios del Poder Judicial.  En 1998, (Ley 25.063), se creó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tributo básicamente similar al Impuesto a los Activos (derogado hacía pocos años). Se encuentra actualmente vigente. También en 1998 se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, (Monotributo), con el fin de incorporar a la economía formal a aquellos que se encontraban al margen de la ley y facilitar el pago de los impuestos, ya que el mismo consiste en un monto fijo mensual que incluye el Impuesto a las Ganancias, IVA y el sistema previsional. En el 2000, el gobierno entrante debuta con un nuevo tributo denominado Impuesto de Emergencia sobre las Altas Rentas, aplicable a las personas físicas. Otra medida, de menor trascendencia, fue tomada en ese momento: con el objeto de aumentar la recaudación y hacer más progresivo el impuesto a las ganancias de las personas físicas, se estableció una “tabla” de reducción porcentual de las deducciones fijadas por ley. Sencilla filosofía: el que gana más, deduce menos. Las distorsiones futuras no fueron bien evaluadas y la mora que sucesivos gobiernos tuvieron para corregirlas, originó uno de los capítulos más patéticos de la historia de este impuesto, y lo poblaron de asalariados y autónomos antes que de capitalistas y rentistas.

Finalmente. Dos gravámenes que no son novedosos completan el elenco actual de recursos tributarios y significaron, por importancia de recaudación, una séptima reforma tributaria. Nos referimos al Impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes bancarias (ley 25.413) y a los históricos gravámenes aduaneros, reimplantados como Derechos de Exportación (decreto 310/2002 y Resoluciones M.E.). Estos dos recursos, uno establecido a mediados del año 2001, y el otro a principios del 2002, aunque reconocidamente anti-productivos y distorsivos, son difíciles de evadir, lo que los hace muy atractivos para el fisco.

LO QUE VENDRÁ: Por lo que se sabe el gobierno incluirá en su proyecto de Reforma Tributaria modificaciones que apuntarán a incentivar el aumento de la inversión productiva y del empleo formal. Entre los ejes más relevantes de la reforma están una rebaja en los aportes patronales, una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos y la decisión de que el pago del impuesto al cheque se tome a cuenta de ganancias. Estos cambios deben ser acompañados necesariamente por una reducción de Ingresos Brutos por parte de las provincias. Otra de las propuestas fundamentales que se debatirán después de las elecciones es un blanqueo laboral que, para ser efectivo, será acompañado por “una reducción de las cargas sociales”. En particular, la intención es “reducir los aportes patronales para los sueldos más bajos”. En el caso de Ganancias, las fuentes confirman que habrá una alícuota menor para las sociedades que reinviertan el pago de sus dividendos. La idea que dejó trascender Hacienda es que la alícuota máxima en este caso pase del 35 al 25 por ciento, mientras que se mantendrá en 35% para el resto de las personas jurídicas. Por otro lado, sobre el impuesto a los créditos débitos en cuenta corriente, la decisión del Poder Ejecutivo es permitir que, en forma gradual, su pago se vaya tomando a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Finalmente el Poder Ejecutivo cree que este esfuerzo para promover las inversiones debe ser acompañado en forma racional por parte de las provincias, con reducciones en las tasas de imposición y revisión de los objetos de imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos.

En lo que respecta a la renta financiera y el Impuesto Especial al Revalúo de Bienes, El proyecto de Reforma Tributaria tiene el formato de una especie de Ley Ómnibus compuesto por cuatro iniciativas: el Revalúo Impositivo y Contable; la  prórroga hasta el 2019 del Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias; el impuesto a la renta financiera; y la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos en provincias y municipios, que será gradual hasta el 2019 en función del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.Los dos primeros proyectos forman parte del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018,que ingresó al Congreso el 14 de septiembre pasado. Todavía faltan los principales detalles de los dos últimos, que están a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y su equipo.

Lo más novedoso de la Reforma Tributaria es el Impuesto Especial al Revalúo de Bienes al que algunas empresas entrarán o no de acuerdo a lo que hayan ganado en los últimos años, pagando una alícuota que irá del 5 al 15%, según el monto y el bien que se quiera actualizar por la inflación acumulada desde el 2001. Alícuotas: Bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio: 8%. Bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio: 15%. Acciones, cuotas y participaciones sociales: 5%. Resto de bienes: 10%.

 Lo más complicado es la aplicación del impuesto a la renta financiera. En principio, habría un impuesto del 25% sobre la ganancia que generen los depósitos superiores a los $500.000.  El impuesto también afectaría a las Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC). El tema aún no fue definido por las diferencias que existen entre algunos integrantes del equipo económico.

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Comentarios

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  2. II.BB + Cheque; allí ya tenemos 5/6 % DEL BRUTO…55 % DE APORTES…21 % IVA; 35 % GANANCIAS.REVALUO de tus activos…. Un orgasmo de impuestos…se nota que nuestros políticos no laburaron nunca…y “negocian” sobre tu billetera…

  3. Podrás especificar en que mejoraría y que lo perjudicaría estos cambios del impuesto a los trabajadores en relación de dependencia?.

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