Una medida inteligente: Eliminan sanciones que limitaban el derecho a trabajar

Como parte de la campaña desburocratizadora que anunció el presidente y poniendo un mínimo freno al espíritu “hiper- sancionatorio” e “hiper-controlador” que impera en muchas reparticiones de la administración pública, se terminaría, en esos días, con los efectos negativos y anticonstitucionales de una absurda ley sancionada durante el gobierno anterior.

Efectivamente, se supo que el actual Gobierno reducirá las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados. Será parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de publicación inminente que incluirá un extenso abanico de medidas bajo la premisa de “desburocratización del Estado” y que, en el aspecto relacionado con el empleo informal, reemplazará parte de los postulados que estaban previstos en el proyecto de ley de reforma laboral.

La medida, comentada por el portal ambiot.com, contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). El cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de “veraz laboral”.

En la actualidad hay 22 mil empresas incorporadas en ese registro, que ven absurdamente limitado su derecho a trabajar por efecto de una sanción administrativa  claramente anticonstitucional.

En el Ministerio de Trabajo justificaron la relajación de los parámetros del Repsal en la necesidad de facilitarles a las empresas una vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada su deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado. La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden “acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos”, celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público.

Uno de los artículos del decreto reduce de 90 a 30 días el plazo de permanencia en el Repsal de los infractores que acrediten “la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción”. Y limita al propio Gobierno a un período de “no más de 30 días corridos para efectivizar la inscripción en el Repsal” una vez constatada la irregularidad. Además, deroga un artículo que condenaba a las empresas infractoras que hubiesen incurrido en “obstrucción a la labor de la inspección del trabajo” a permanecer en el registro por 180 días más una vez regularizados sus pagos pendientes.

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