Sin eufemismos

El nombre de Sandra Verónica Almirón, la maestra de 37 años asesinada esta semana en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, se añade a un historial de crimen y tragedia que salpica con una frecuencia que –resignadamente- los argentinos vamos incorporando con naturalidad a la vida cotidiana.

En materia de crimen y criminalidad nuestra sociedad se comporta como especie de campeonato mundial de sabios: todos saben, opinan, postulan, proponen y recomiendan. Lo cierto es que esta maestra no vive más. Sí vive en el recuerdo de sus seres queridos, que no pueden resignarse a una pérdida tan atroz.

Uno de los rasgos más desesperantes de la naturaleza del crimen hoy en Argentina es lo que se presenta como una extrema banalización de la muerte. Con frecuencia, los episodios más brutales y sanguinarios se concretan sin que exista una relación razonable, o al menos racionalizable, entre el hecho violento y lo que se pretende lograr a partir de él. Es así como manotear una cartera o llevarse un auto se ha convertido en motivo suficiente para que asesinos muy jóvenes, armados con herramientas para la guerra, les quiten la vida a las personas que son sus víctimas.

Aquí tenemos un elemento digno análisis que no puedo, ni debo, ni estoy capacitado para agotar, pero que, no tengo dudas, gira sobre este asunto: banalización de la muerte, absurdo nivel de criminalidad en función de la naturaleza de lo que se quiere poseer.

Uno está acostumbrado, a lo largo de los años, a razonar que a cambio de un botín monumental –la caja fuerte de un banco, o las existencias de una joyería famosa- se puede producir un enfrentamiento con la policía que implique un nivel de violencia fuerte, y naturalmente muertos. Donde nos estalla la cabeza y se destroza nuestra capacidad analítica es cuando tres jóvenes de entre 15 y 19 años, de manera casi azarosa, se apoderan de un automóvil tras asesinar fríamente a una persona desarmada, incapaz de cualquier tipo de resistencia, a la que no pretenden reducir por la vía de la intimidación. Directamente la matan.

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Desde el dormitorio

Es fácil –diría hasta justo e inevitable- definir los semanales capítulos del largo culebrón del vínculo del kirchnerismo con las provincias a través de las palabras más emocionalmente contundentes: compran, cooptan, alquilan, contratan, seducen, engullen, digieren, manducan. Mastican todo lo que se ponga a la vista.

El capítulo que lleva el nombre de Ricardo Colombi ya es viejo. La compra directa del gobernador electo de Corrientes no solamente es apenas el último de estos capítulos, sino que además es uno que permite anticipar que habrá otros. Al kirchnerismo le ha ido extraordinariamente bien en su sistemática y blindada estrategia de aniquilar todo lo que se ponga parcial o totalmente en el camino.

Si bien es cierto que la política correntina es particularmente atrasada, aviesa y corrupta –más allá de la media natural en que hoy día se halla la política argentina en todas las provincias-, también lo es que el caso correntino no representa una singularidad nacional. Lamentablemente ratifica, por el contrario, todo lo contrario. Y esto no es un juego de palabras.
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Cuestión de tiempo

En dólares no es mucho dinero. Es poca plata para un gobierno. Claro que cuando quien paga es el pueblo, el asunto cambia.

Pocos días antes de su fracaso electoral del 28 de junio, la Seguridad Social argentina gastó casi 3.650.00 dólares para enviarle una carta personalizada a cada uno de los 5.409.291 jubilados registrados en la ANSES. Fueron, con precisión, 14.010.064 pesos, según revela con impecable precisión Hugo Alconada Mon en La Nación. ¿Era información puntual sobre temas de jubilados? ¿Anuncio de aumentos? ¿Difusión de mejoras? No, nada de eso. Era una carta proselitista.

Firmada por el entonces jefe de la ANSES, Amado Boudou, la carta afirmaba que los jubilados nunca habían estado mejor que ahora y que ningún gobierno anterior se había preocupado por los mayores. En vísperas de la votación, el mensaje era claro: voten por nosotros, voten por los Kirchner. El envío postal tuvo un costo juzgado como desdeñable por el Gobierno: $ 2,59 por jubilado, menos del valor de tres boletos de colectivo. Pero esos 14 millones fueron sufragados por el Estado.
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