Medios medio caros

marzo 28, 2010 | Filed Under Uncategorized | 12 comentarios

Un juez federal exonerado, una decisión de la justicia internacional en La Haya que gravitará sensiblemente en la Argentina por el tema de la papelera uruguaya, un nuevo 24 de marzo feriado pero lleno de furia y una campaña electoral que lenta pero inexorablemente se va armando. Estos son algunos de los ejes en una Argentina que se prepara para el receso de Semana Santa en medio de la absurda polémica montada a partir de que el Gobierno niega que haya inflación en el país.
Los Kirchner ratificaron el miércoles 24 que seguirán usando a fondo la desprejuiciada carta de manipular la temática de los derechos humanos al servicio de sus intereses inmediatos. Para eso, la Presidenta usó la plataforma de la ex ESMA para redundar en su obsesionada campaña contra el Grupo Clarín y otros medios de comunicación, conglomerados mediáticos importantes a los que sindican como fuentes excluyentes de todos los males argentinos.
Los actos vespertinos en Plaza de Mayo ratificaron una verdad conocida. Núcleos en definitiva minoritarios, que luego en elecciones no superan el 4% de los votos, y el aparato oficial, montan su escenario habitual a 34 años de aquel golpe (que no fue sólo militar), pero la abrumadora mayoría acató lo que pretende el Gobierno y la jornada fue un feriado fenomenal de despolitizado esparcimiento popular. A seis años de apoderarse de los terrenos de la Armada donde funcionó el infierno de la ESMA, el “Museo de la Memoria” prometido por los Kirchner sigue siendo una vergonzosa entelequia ni siquiera empezada.
Entretanto, Federico Faggionato Márquez fue echado: ya no es más juez. Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura lo sacó de la Justicia ante la desmesura de sus irregularidades y faltas. Fue una decisión amarga para el kirchnerismo, cuyos paladines justicieros (Diana Conti y Carlos Kunkel) intentaron defenderlo, ya que Faggionato supo ser muy funcional a la Casa Rosada. La excomunión de este individuo ha sido un episodio revitalizante y una tremenda señal para aquellos jueces federales que estos años han sido amables con el poder político, como lo fueron en los años ‘90 con Carlos Menem.
En la plataforma de la política, el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, va lentamente procesando su decisión de competir por la candidatura presidencial de su partido. Jefe del bloque de senadores nacionales de la UCR, Sanz admitió que “como a todo hombre político” le gustaría ser candidato a presidente. Fue una frase mesurada y casi sutil, dentro de un proceso que hasta ahora venía siendo hegemonizado por el vicepresidente Julio Cobos y, en menor medida, por el diputado Ricardo Alfonsín.
Aunque no negó que “como a todo hombre político”, le gustaría algún día competir por el cargo máximo, el mendocino Sanz aclara que, por el momento, es presidente del Comité Nacional de la UCR y que sólo evaluaría una posible candidatura presidencial si su partido “se lo pide”. La imagen positiva del también mendocino Cobos ha mermado y sectores del radicalismo han iniciado la construcción de una plataforma que sea propicia para Sanz y Alfonsín. Sucede que Sanz, aunque viene creciendo en su instalación como figura ponderada y respetada, expresión de una nueva camada política desvinculada de los años ‘90, no es conocido, por ahora, por un 50% del electorado argentino. Además, dos mendocinos no podrían rivalizar en las internas en agosto de 2011.
Los debates políticos de cara a 2011 no ocultan que el Gobierno viene sufriendo sonoras derrotas en el terreno judicial, luego de su apresuradamente proclamado “triunfo” con la Ley de Medios. La Cámara de Apelaciones de Mendoza falló contra la esa ley, la Nº 26.522, ratificando la suspensión integral de la misma, que no podrá aplicarse hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva la cuestión de fondo.
Este juzgado de alzada dictaminó la nulidad por incumplimiento de la Constitución Nacional y del reglamento de la Cámara de Diputados en el proceso de sanción legislativa. Se suma este fallo de segunda instancia a otros cuatro de primera instancia que, en diferentes provincias, suspendieron la ley de Medios y prohibieron no sólo la integración de la Autoridad de Aplicación, sino también la Comisión Bicameral de Medios del Congreso.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza es el primer tribunal de alzada que se expide en contra de la Ley de Medios, ratificando su suspensión, con fuertes críticas al Gobierno. Estos magistrados confirmaron un fallo de primera instancia y agregaron que en su evaluación provisoria “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación”. El fallo es firmado por los camaristas Romano, López Cuitiño y Petra, quienes suspenden la totalidad de la norma, tras considerar que se cometieron “vicios en su origen”, en el momento de su sanción.
En este contexto, se supo que en Radio Nacional y en Canal 7 se pagan los sueldos más altos del Estado. Según el INDEC, el sueldo promedio en los medios gubernamentales llegó en el cuarto trimestre de 2009 a $ 11.341 ($ 9.979 netos, tras las cargas sociales), un 51% más que el promedio de lo que cobran los empleados del Congreso, un 69% superior a lo que cobran los funcionarios del Poder Judicial y casi el triple que el cobrado por los docentes de las universidades nacionales.
En los medios de comunicación manejados por la Casa Rosada el salario promedio aumentó un 53%, el sector mejor pagado de todo el Estado. Esto consta en las planillas del INDEC en su informe trimestral sobre “Evolución de la distribución funcional del ingreso”. El costo salarial promedio que deben pagar los argentinos por cada uno de los 2.817 empleados que se amuchan en Radio Nacional y Canal 7 es de $ 13.302 mensuales. El sueldo promedio neto de $ 9.979 en Radio Nacional y Canal 7 casi duplicó al salario promedio de $ 5.790 que se cobra en la administración pública nacional. En el sector privado formal, el salario neto promedio aumentó, según el INDEC, un 17% en 2009, para llegar a $ 3.229 en el último trimestre. Desde el Gobierno, hay una estrategia clara: manda el dinero, pero el dinero se acumula desde el poder y se redistribuye discrecionalmente, de manera muy especial y curiosa.

Ciudad negocio

marzo 27, 2010 | Filed Under Uncategorized | 7 comentarios

Una rápida y minuciosa recorrida por sitios clave de la ciudad de Buenos Aires revela, una vez más, que el fenómeno de la venta “ambulante” –como se la solía denominar hace muchos años, con un eufemismo- se demuestra fuera de todo control. Ya no estamos hablando de venta ambulante en un sentido tradicional, sino de la ocupación masiva y maciza de una enorme cantidad de espacios públicos por parte de vendedores de todo tipo de mercancías.

Quiero evitar la descalificación. De hecho, voy a hacerlo. Quiero pronunciarme de manera serena, sin odios –no los tengo- y sin rencores –que tampoco los tengo-, sobre un fenómeno que afecta de manera directa a los seres humanos.

Los que venden no son ladrones. Quienes están en las calles tratando de cambiar sus productos por unas monedas, en todo caso están trabajando. Nunca pierdo de vista este hecho. No están asaltando personas, ni están robando en el subte o en los colectivos. Como tales, merecen no solamente todo el respeto, sino toda la ayuda que se les pueda dar. Lo que pasa, es que los derechos existen en asociación con otros derechos. Los derechos son, de alguna manera, paralelos en su legitimidad.

La ocupación de zonas de la ciudad adquiere, a estas alturas, características realmente asombrosas. Este fenómeno, que conocí en la década del ’70 en la Venezuela democrática donde los vendedores callejeros crónicos eran conocidos como “los buhoneros”, habla de informalidad, trabajo en negro, explotación, especulación, loteo de los espacios y claro dominio de punteros y personas ilegales que se aprovechan de la necesidad de la gente.

¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional? ¿Tiene que tolerarlo, aceptarlo pasivamente? ¿O debe darse políticas?

Han existido y se han aplicado políticas que se revierten y deshacen permanentemente. La calle Florida fue desocupada de vendedores ambulantes en diversidad de ocasiones. Hoy es, de nuevo, una gran tienda a cielo abierto, lo cual produce un fenómeno realmente negativo: se trata de una competencia aviesamente ilegal contra los pequeños comerciantes que deben pagar rigurosamente todos los tributos, ingresos brutos, ganancias e impuestos.

En definitiva, si algo muestra la decadencia o la inexistencia de un modelo, es ese aspecto que hoy ofrece la ciudad de Buenos Aires en todos los parques y en muchísimas calles, cada vez más ocupadas por vendedores de todo. No se trata de despreciarlos, no se trata de atacarlos, ni mucho menos de reprimirlos. Se trata de que hoy ese fenómeno de la venta en la calle exhibe la decadencia de un fenómeno que refleja la pobreza creciente de los argentinos y la falta de políticas del Estado, el cual de alguna manera se excusa de intervenir, alegando que de ese modo se preserva el carácter de necesidad que tiene esta gente.

Esa necesidad existe, no es un invento de nadie. Pero esto no puede competir e ir en contra del derecho de los ciudadanos a habitar una ciudad que no se haya convertido –como hoy es Buenos Aires- en una gigantesca tienda ilegal a cielo abierto.

De eso (casi) no se habla.

marzo 24, 2010 | Filed Under Uncategorized | Comentarios desactivados

Con frecuencia -y con justificadas razones-, nos ocupamos en la Argentina de debatir el rol de los partidos políticos, así como nos hemos ocupado a lo largo de los años de debatir el papel que juegan otros centros de poder como el sindicalismo, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas, los intelectuales o el mundo técnico y académico. Sin embargo, una de las “bestias negras” con las que a menudo no se mete la opinión, es el mundo empresario. Éste es un sector naturalmente agrupado por intereses que, siendo perfectamente legítimos, no quedan eximidos de ser analizados o monitoreados, pues hay derecho a tener una opinión y una ponderación sobre ese ámbito.

En el curso de estas últimas semanas se ha vuelto a producir un interesante torbellino en el ir y venir de las empresas con sus alianzas cambiantes. No existe -hay que decirlo- “un empresariado” en un sentido homogéneo, como tampoco existe una sola oposición. Tengo para mí que hoy en la Argentina hay “fuerzas opositoras”, que eventualmente se ponen de acuerdo, pero que de ninguna manera tienen homogeneidad, ni absoluta ni relativa.

De la misma manera, no existe hoy “un empresariado”. Cuando desde un dogmático y arcaico uso de las viejas consignas, la izquierda habla de “la clase dominante” o “la clase empresaria”, está mentando una entelequia. La prueba la generan los últimos acontecimientos de la crónica empresaria. Se producen reuniones en donde se advierte que hay sectores vinculados con las finanzas y los bancos, que tienen intereses contrapuestos a los sectores vinculados con el campo y la producción agropecuaria. Hay, a su vez, ámbitos vinculados con el comercio –ya sea para el mercado interno como para la exportación- con sus propias necesidades y prioridades, no siempre coherentes con las de otros.

Hablar de un empresariado, en consecuencia, es un reduccionismo absolutamente intolerable en la Argentina. Más aún si se lo hace desde los medios de comunicación, pretendiendo proyectar hacia la sociedad la idea de que el nuestro es un país en donde las fronteras están claramente trazadas en materia de intereses y aspiraciones.
El gobierno del matrimonio Kirchner -que es la manera más correcta de denominarlo, pues ambos exhiben una perfecta coherencia a lo largo de siete años- ha tenido una actitud cambiante y oportunista para con los diferentes grupos de capital con los que ha tenido que trabajar y con los que sigue trabajando. De hecho, uno de sus éxitos políticos más grandes es haber logrado -con gran astucia y dedicación- fragmentar, pulverizar la posibilidad de que esos grupos empresarios reconozcan denominadores comunes. Todos ellos, de una u otra manera, se vieron perjudicados por políticas del Gobierno, que desde el intervencionismo más flagrante hasta la utilización más aviesa de prebendas electivas, ha trabajado exitosamente para destruir la posibilidad de que esos denominadores comunes de los empresarios tengan una gravitación cierta en el país.

Distinto es el caso de Brasil, en donde no gobierna la derecha, sino un típico representante del proletariado brasileño, Luiz Inácio da Silva, Lula, hombre que por otra parte no llegó a la jefatura de la mayor nación de América Latina desde la política tradicional, sino desde el Partido de los Trabajadores, de claro corte clasista, y en donde sin embargo, no desde ahora sino desde los últimos 40 años, se ha ido homogeneizando y fortaleciendo con enorme vigor y una formidable capacidad de proyección hacia el futuro una burguesía nacional brasileña. Esta es una burguesía que en sus aspectos industrial, financiero y agropecuario tiene una enorme capacidad gremial de generación de recursos intelectuales, presión política en Brasilia y defensa de sus intereses de manera coordinada, ante los diferentes gobiernos que fue generando la democracia brasileña en los últimos 30 años.

No sucede así en la Argentina. Acá tenemos banqueros como Jorge Brito que se han abrazado con promiscuidad a los gobiernos de éstos últimos siete años, gobiernos que, con un discurso supuestamente progresista, han respetado rigurosamente la supremacía del capital financiero. En las reuniones de las últimas semanas, por ejemplo, se advierte que en la propia cúspide de la Unión Industrial Argentina el gobierno ha logrado penetrar, generando ya sea vías alternativas, o bien aplicando su habitual política de seducción y acercamiento de los que puedan aparecer como enemigos de las políticas del Gobierno.

En tal sentido, los peligros que confronta el sector empresario, en sus diferentes agrupamientos, que no son para nada homogéneos, no pueden ser negados. El Gobierno puede negar la inflación, pretendiendo que si no se habla de ella no existe. Pero no solamente en el bolsillo de quienes viven de un salario fijo sino en el bolsillo de los propios titulares de las empresas la inflación es una realidad evidente, que arranca en un piso que para este año no baja del 20%. No es catastrófica, en el sentido de que no se trata de un brote hiperinflacionario, pero vuelve a instalar a la Argentina en la ciénaga, en el territorio sísmico en el que hemos estado instalados durante décadas, aceptándose como un dato natural que la depreciación del salario que implica la inflación –el peor impuesto para los pobres- está para quedarse.

Hay también otros fenómenos que se han ido dando a lo largo de este gobierno y que sin embargo los paladines de la burguesía kirchnerista como Osvaldo Cornide, o el ya mencionado Jorge Brito, parecieran no solamente no cuestionar sino que hasta saludan alborozados, como el formidable aumento del costo del trabajo. En el nuevo proyecto elevado (en este caso sí) al Congreso por el Poder Ejecutivo -no es un decreto de necesidad y urgencia- sobre empleadas domésticas, se incluye un colosal aumento de los costos de los empleadores en materia de seguridad de trabajo, lo cual habrá de enriquecer a la “industria del despido” que suele prosperar en los intersticios del mundo sindical.

Es, entonces, necesario -inclusive desde producciones periodísticas independientes como este programa, que solamente es posible pues es sostenido legítimamente y de modo transparente por empresas privadas- ventilar, debatir y discutir estos temas. No solamente ha tenido éxito el Gobierno del matrimonio en controlar casi todas las organizaciones de derechos humanos y ciertos dirigentes políticos. Alguien llevó a Julio Cobos al poder, no fue enviado por el radicalismo; fue uno de los seducidos por el matrimonio presidencial.

Pero no se agota en esa enumeración la sombría lista de triunfos oficiales. En el mundo empresario, a través de los nombres mencionados y de otras iniciativas, se advierte que la fragmentación, el desconcierto y el titubeo son producto de una estrategia destinada a e