Después de la derrota electoral del oficialismo el año pasado -de la que en tres semanas se va a cumplir un año- en el caso de Papel Prensa todo parece indicar que el Gobierno no habrá de trepidar en recurrir a todos los mecanismos jurídicos, corporativos e inclusive sindicales para hacerle la vida imposible a la actual configuración de la empresa.

La formación de un poderoso oligopolio estatal de medios, como el plan que se lleva adelante para posesionarse de Papel Prensa S.A., revelan que el Gobierno nacional prosigue sin pausa y con prisa el desarrollo de una estrategia que tiende a suprimir todos los intersticios por donde se puede filtrar la creación de posibilidades materiales para la prensa independiente.

Papel Prensa es el proveedor número uno de papel de diario en el país. Todo el papel que consumen Clarín y La Nación se produce en la planta de San Pedro de Papel Prensa, así como el que consumen 170 diarios argentinos. El 75% del consumo nacional de papel es suministrado por la empresa Papel Prensa. El restante 25% de lo que se consume en el país, se importa libremente, sin aranceles ni impuestos. Desde el punto de vista de su competitividad, o del tipo de competencia que confronta Papel Prensa al estar en el mercado de esta manera, no parece gozar de más privilegios o favoritismos que el resto de los proveedores.

El seguimiento de las decisiones políticas del Gobierno, instrumentadas básicamente a través de Carlos Kunkel y de Guillermo Moreno, parece sugerir que el gobierno de Cristina Kirchner se propone controlar el suministro a los diarios por parte de Papel Prensa. En el caso de que la empresa sea copada por el Estado o por autoridades que obren de hecho al servicio del Gobierno, esto implicaría también controlar las importaciones, y en consecuencia los medios gráficos inexorablemente quedarían fuertemente condicionados políticamente por Poder Ejecutivo.

Sin papel, no existen los diarios, aunque, respecto de la radio y la televisión, compitan hoy en inferioridad de condiciones respecto a crear opinión. Eliminar voces opositoras o la inundar el mercado de una mayor cantidad de diarios gubernamentales, sería un ataque grave a la posibilidad de expresarse libremente.

Veo en el caso de Papel Prensa una escalada de actos cada vez más discrecionales. Se ha intentado intervenir de un modo cada vez más explícito -por la vía de síndicos y de miembros del directorio, aún cuando el Estado es minoritario en la sociedad anónima- para controlar la orientación de la empresa a la que se trata de descalificar desde todo punto de vista. El Gobierno opera a través de la Comisión Nacional de Valores, lo que explica la renuncia de Eduardo Hecker a la presidencia de esta comisión, y también lo hace ahora –y lo seguirá haciendo- por la vía de la Sindicatura General de la Nación.

Se acusa a Papel Prensa de ser una empresa monopólica y desordenada, pero no ha podido el oficialismo ratificar sus acusaciones en sede judicial. Ahora están tomando otro camino, infinitamente más peligroso y delicado, porque vuelven a apelar a la inagotable cantera de seudo argumentos relacionados con los derechos humanos.

La línea que baja Néstor Kirchner desde la residencia de Olivos y vehiculiza a través de quien encabeza la patrulla y el grupo de tareas destinado a tomar Papel Prensa, el diputado Carlos Kunkel, es que la compra de las acciones de la empresa en la década del ’70 fue un delito de lesa humanidad.

El argumento kirchnerista es que las acciones se compraron a la familia de David Graiver –un financista muy particular e inescrupuloso, que tuvo mucha participación en la década del ’70, recicló dinero de los Montoneros extraído de secuestros extorsivos, financió al diario La Opinión y estuvo muy vinculado al gobierno de Alejandro Lanusse-, y que a esa familia la despojó de las acciones de Papel Prensa una extorsión del gobierno militar, porque, supuestamente, los sobrevivientes de Graiver estaban en ese momento secuestrados.

Se ha demostrado que esto es absolutamente falso. Papel Prensa acredita plenamente que la viuda de Graiver –Lidia Papaleo de Graiver- estaba en libertad, sana y salva, al momento en que se resolvió vender las acciones de su marido, por lo que la empresa quedó en manos de tres diarios diferentes, La Nación, Clarín y La Razón. La apelación y el uso de la temática de derechos humanos para una cuestión de corte netamente político-corporativo es, a mi juicio, abominable.

La Casa Rosada quiere instalar que la idea de que a Papel Prensa se la puede comparar con el hijo apropiado de un desaparecido, lo que va de la mano con el seguimiento de la estrategia vinculada con la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, una mujer que ya tiene 85 años y viene confrontado la acusación de que sus hijos adoptivos son en verdad niños apropiados por la dictadura, o sea hijos de desaparecidos.

Los últimos acontecimientos son elocuentes. No sería extraño que dentro de muy pocos días, desde el Poder Ejecutivo asegure que uno o los dos hijos adoptivos de la señora de Noble en verdad son hijos de desaparecidos. Pero eso no demostraría plenamente que hubo una apropiación, que es lo que propone en el plan de batalla del Gobierno.

Todo indica que Néstor Kirchner quiere obliterar al Grupo Clarín, quedarse con Papel Prensa y, como frutilla de la torta, conseguir que la Corte Suprema de Justicia finalmente ponga en vigencia la ley de Servicios Audiovisuales o ley de Medios. Es una artillería muy grande que debería coincidir con un comportamiento o una performance supuestamente buena del seleccionado argentino de fútbol en el mundial de Sudáfrica.

Acá hay un proyecto muy claro y un solo comandante, Néstor Kirchner, quien pretende que a Papel Prensa pueda reincorporarse Lidia Papaleo mediante una extraña transferencia de derechos accionarios para que ella pueda ser efectivamente litigante. El Gobierno tampoco descarta, directamente, incautar la empresa. Si todo esto se confirma, negrísimos nubarrones seguirán oscureciendo el cielo de la República Argentina.