Fecha triste si las hay, la del 26 de junio. No solamente porque es el aniversario -uno más, el sexto- del vil asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sino porque seis años después de aquéllos crímenes, que prácticamente partieron en dos la transición que venía llevando a cabo Eduardo Duhalde, la responsabilidad política de lo que sucedió no termina de aclararse.

Conviene, por de pronto, recuperar la verdad desnuda de los hechos. En aquella oportunidad, invierno de 2002, la Argentina hervía de indignación y protesta. La desocupación había estallado en el corazón de los sectores populares, y la crisis política con la que había caído el gobierno de Fernando de la Rúa había inaugurado uno de los momentos más dramáticos y más conmovedores de la modernidad argentina.

El movimiento piquetero, que ya había nacido a fines del gobierno de Carlos Menem, se desarrolla con una enorme velocidad, y con una fuerza representativa francamente notable. En búsqueda de trabajo, en búsqueda de alimento, en búsqueda de vivienda, en búsqueda de asistencia médica, centenares de miles de personas, en todo el país, se congregan, se reúnen, piquetean. Hay comedores populares, centros de emergencia para tratar de contener a la gente, hay ollas en donde se come lo que se puede, a cualquier hora del día. El país ha caído en una pendiente para la que aparentemente no se encuentra un desenlace.

En el curso de este escenario, y en el contexto de esta Argentina absolutamente convulsionada, grupos piqueteros se concentran en el Puente Pueyrredón para reclamar precisamente por lo que está faltando: pan, comida, alimentos, escuelas, medicinas, protección, trabajo. Es en aquél momento, aquél 26 de junio de 2002, cuando se produce el asesinato, por parte de efectivos de la Policía Bonaerense, de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Maxi Kosteki queda muerto en medio del hall de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca, mientras que Alfredo Fanchiotti –que luego habría de ser condenado a prisión perpetua como el principal ejecutor de la masacre- arrastra el cuerpo herido y moribundo de Darío Santillán a la calle, con una herida en el coccix que terminó siendo, en definitiva, mortal.

La muerte de Kosteki y Santillán generó una investigación judicial. Esto hay que decirlo. Pero la causa caratulada como “Ruckauf y otros”, sobre homicidio –aquella que se vincula con la investigación de las responsabilidades políticas del episodio-, nunca llegó a ninguna parte. Efectivamente, el juicio no solamente alcanzó a Fanchiotti –que era, como se dice, comisario de la Policía Bonaerense-, sino también a un asistente de él, Alejandro Costa, que terminó también condenado.

Los continuadores políticos de la militancia de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, agrupados en el Frente Popular Darío Santillán, consideran que no se ha investigado la responsabilidad que según ellos habría tenido el entonces presidente Eduardo A. Duhalde, ni sus ministros, específicamente Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof y también el entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá.

Al día de hoy, subrayan en un muy completo informe, la última foja del expediente que instruye el fiscal Osorio, señala que seis años después de esa matanza, no se pudo determinar qué personas tenían la titularidad de cuatro líneas telefónicas celulares que utilizaron para comunicarse las fuerzas de seguridad y una base de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con base en la calle Billinghurst de la Capital Federal. De hecho la causa caratulada como “Ruckauf y otros”, sobre homicidio, cuyo número de expediente data de 2003, y fue presentada días después de los asesinatos por la mamá de Maxi, Mabel Ruiz, para que investigasen las responsabilidades políticas, pidiendo que se citara a indagatoria a Carlos Ruckauf -que era canciller de Duhalde-, al propio Duhalde y a Felipe Solá, nunca llegó a ninguna parte.

El 9 de enero de 2006 el juicio terminó. Ahí es cuando se declaró la responsabilidad ejecutiva en el acto de Fanchiotti y de Acosta. Pero lo cierto del caso es que no se ha ido más lejos.

Si algo está acreditando la investigación y los episodios aún no esclarecidos en el asesinato de Maxi Kosteki y de Darío Santillán es la importante cantidad, el peso específico que el fenómeno de la impunidad y de la opacidad de los servicios de seguridad tienen en la realidad argentina. Lo acredita esto incluso el asesinato de Carlos Fuentealba, en Neuquén, en la época de la gobernación de Jorge Sobisch.

Es indispensable que un gobierno como el actual, en el cual Néstor Kirchner se pavonea diciendo que un determinado medio de comunicación –el diario Clarín- atribuyó el asesinato de estos dos piqueteros a la crisis, tenga también la coherencia de imaginar que se podría haber hecho mucho más. Sobre todo, cuando en ese 2002, cuando Néstor Kirchner era socio y dependía del apoyo político de Eduardo Duhalde, no dijo una sola palabra de aquel episodio.

Los cortes de puentes que vienen marcando esta fecha trágica, hasta aquí, se han podido entender e inclusive acompañar. La gente del Frente Popular Darío Santillán también debería comprender que a, partir de ahora, la recordación de Maxi y Darío tendría que incorporar nuevos y enriquecedores elementos de movilización popular, que no necesariamente tienen que ir en desmedro de la ya de por sí muy sufrida calidad de vida de la gente.

Pero lo cierto es que aún cuando están detenidos -porque han sido ya juzgados como culpables- los ejecutores materiales de esas muertes inaceptables, mucho todavía queda por esclarecer para que sepamos a ciencia cierta si fueron dos locos asesinos sueltos, o lo que ellos hicieron tenía que ver, específicamente, con el contenido y el respaldo político que en aquél momento se le estaba dando a la necesidad de reprimir unas protestas que, en todo el país, marcaban una crisis sin precedentes.