Pescado en el puchero

“A tal punto la conversa / encuentro de lo que espero: / espinas, si como un bife, / y pescado en el puchero”, dice C. E. Feiling en el poema Plango vulnera. Pescado en el puchero son algunas ONG al servicio de monopolios, así de raro como suena. Y para muestra, sobra un botón: la Fundación Medio Ambiente y el seguro ambiental obligatorio.

YPF Mendoza

I. Negocio asegurado. En el 2002 el Congreso sancionó una ley que obliga a quienes realicen alguna actividad riesgosa para el ambiente a contratar un seguro que cubra los eventuales daños que pudieran ocasionar. El problema es que para cumplir con esta nueva exigencia, producto de una enmarañada regulación, las empresas deben recurrir a alguna de las únicas 8 aseguradoras (de ahora en adelante el G8) que fueron autorizadas a operar en este mercado que mueve $ 200 millones al año. Un detalle que constituyó un negocio redondo para pocos.

II. La gesta antimonopólica. Más allá del debate sobre la necesidad del seguro ambiental y su instrumentación, ¿hay alguna razón técnica para limitar la oferta al G8? Los ambientalistas dicen que no, al contrario, en un documento de 2010 FARN pidió una “ampliación de la oferta de productos”. En el 2012 el gobierno tomó el guante (además de lo dicho por FARN, el tema se había convertido en una prioridad para los empresarios) y, mediante un decreto, amplió el juego a nuevos actores y tipos de seguro.

III. Nada es para siempre. Pero el cambio de normativa tuvo poca vida. La Fundación Medio Ambiente (que nadie sabe a quién representa ni cómo se financia, ¿tal vez al G8?), presentó un recurso de amparo y, con la firma de un juez, todo volvió a foja cero. El tema quedó nuevamente planteado como una de las demandas prioritarias de los industriales en una reunión reciente de CFK con la UIA.

A modo de pequeña conclusión: ya lo dijo Carla Carrizo en este blog, necesitamos una ley de financiamiento y reordenamiento del sector público no estatal, para que, al menos en estos casos, no nos vendan pescado (podrido) en el puchero. Y una burocracia estatal competente para evitar el “problema de la última milla”, porque, como dice Sebastián Campanario en esta nota, el diablo está en los detalles.

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